SON SITUACIONES jurídicas, dictámenes o resoluciones penales/procesales muy distantes y alejadas de la percepción del profano a la hora de evaluarlas o entenderlas, como otras muchas que serpentean en el ámbito judicial, pero sí llama la atención que las víctimas de accidentes de tráfico, o sus familias, padezcan resoluciones incongruentes a la vista de las consecuencias. Hay casos de percances con resultado de muerte que se diluyen al ser considerados como falta leve por el juez o el tribunal. O que acabe archivado.
Depende, ya digo, de muchos factores, pero por eso parece acertada y esencial la reforma que prepara el Gobierno para que el Código Penal refuerce la protección a los perjudicados. Cuando la modificación se consolide y el juez aprecie que hubo infracción grave, con muerte o lesiones, la imprudencia deberá ser calificada, como mínimo, como menos grave, pero nunca como leve. El cambio en la ley asegurará que el causante sea llevado a juicio y afronte su responsabilidad penal, cosa que ahora no siempre sucede. La despenalización perjudica a las víctimas de las imprudencias, porque cuando el caso queda fuera del proceso penal ya no interviene el fiscal, lo que agrava la desprotección. Son lagunas legales no entendibles y más por quienes sufren las consecuencias.
