Por razones obvias, no ha de considerarse que el gasto que motiva la democracia sea un despilfarro, salvo fugas presupuestarias propiciadas por distracciones o recovecos del sistema, pero sí que puede abaratarse sin que se resienta la funcionalidad. Solo habría que avalar y seguir la propuesta de la comunidad de Madrid, sugiriendo reducir en un tercio el número de parlamentarios, en este caso regionales. No le harán caso, porque es prioritario complacer a todos cuantos viven de la política, sin otro oficio conocido, pero es completamente factible, aplicando la proporcionalidad. Seguir con el organigrama parlamentario actual sí supone un derroche innecesario, por no decir indecente. Excluyendo los cincuenta diputados de Ceuta y Melilla, el Congreso, el Senado y las cámaras regionales suman 1.817 representantes, que en el año en curso supondrá un desembolso de más de 625 millones de euros, con una asignación de 344.000 euros anuales de media a cada ‘señoría’, incluyendo nóminas e indemnizaciones que reciben, subvenciones a grupos y todo el dispendio de gasto de personal, entre otros. Es evidente que caben recortes sin disminuir la operatividad, como ocurre también con el número de ministerios, algunos creados solo para pagar apoyos y atenciones de supervivencia.
