CADA CIERTO tiempo surgen voces que ponen el foco en los Colegios Profesionales, dibujando un escenario que muy poco tiene que ver con la realidad. Y es que, a punto de cubrir ya las dos primeras décadas del siglo XXI, no es de recibo mantener la idea de que los Colegios Profesionales somos una especie de cotos cerrados, sustentados por intereses exclusivamente gremiales, que vivimos a espaldas de la sociedad. Solo quien no conoce el día a día de un Colegio Profesional puede mantener una posición tan poco acertada, tan errada.
Muy al contrario, más que nunca nuestra labor como colectivo revierte en verdadero valor a la sociedad, pues un profesional de la medicina, de la abogacía o de la economía, no hace otra cosa que servir a los ciudadanos en el desempeño de su actividad laboral, y detrás de cada uno de esos miles y miles de desempeños se encuentra su Colegio Profesional, que si bien por un lado lo ampara y defiende, por otro controla el correcto desarrollo de su quehacer profesional, en interés y garantía precisamente del conjunto de los ciudadanos, ya que si el ejercicio de un profesional no se halla convenientemente regulado, es el ciudadano (que requiere y hace uso de sus servicios) el que resulta desprotegido.
Es por ello que la defensa de los intereses de aquellos a quienes los Colegios amparamos huelga decir defensa legítima y obligada- en ningún caso implica entrar en confrontación o conflicto con el interés y el beneficio de la sociedad, pues defender los intereses de los colegiados lleva implícito el servicio a una sociedad en la que dichos profesionales se integran y actúan.
En primer término porque, en un momento dado, todos necesitamos asesoramiento en el ámbito financiero y económico para adoptar decisiones complejas y de gran calado para una unidad familiar, y contar para ello con profesionales bien formados -uno de los principales cometidos del Colegio- es la mejor de las garantías para ofrecer un óptimo servicio a los ciudadanos. De este modo, la constante y necesaria adaptación de estos profesionales, fruto de una normativa excesivamente cambiante, es uno de los pilares en los que se sustenta la actuación de nuestros Colegios, ocupados y preocupados permanentemente en el ofrecimiento de las mejores herramientas de reciclaje a los colegiados que repercutan a la postre en un servicio de calidad al conjunto de la sociedad.
Complementando a ese constante trabajo en el ámbito formativo, hay que añadir, como apuntaba antes, una labor que en ocasiones puede pasar desapercibida, que no es otra que la de control que la institución efectúa sobre sus propios colegiados en sus relaciones con la ciudadanía, vigilante de una correcta aplicación de la deontología profesional, pues un correcto desarrollo de cualquier ámbito profesional se traduce en una sociedad más segura.
Pero el valor de un Colegio Profesional y los réditos que el conjunto de sociedad obtiene de su existencia no se quedan ahí. A mayor abundamiento, y refiriéndome ahora a lo que más me atañe como economista y presidente del Consello Galego de Economistas, quiero recordar alguna de las acciones que desde estas institución llevamos a cabo de manera periódica. Iniciativas todas ellas sin coste alguno para la sociedad y que, sin embargo, están dotadas de un enorme valor añadido.
Sin ánimo de ser exhaustivo: el Barómetro de Economía, que recoge semestralmente la opinión del colectivo de los economistas gallegos sobre parámetros clave de la situación económica actual de nuestro entorno, cuyas conclusiones resultan de gran utilidad para los responsables públicos y privados en su toma de decisiones; el acuerdo con la Dirección Xeral de Xustiza, a través del cual se gestionan las actuaciones profesionales que realizan los economistas gallegos integrados en las listas de los turnos de actuación profesional en el ámbito de la justicia gratuita. Sin olvidar acciones puntuales, como la llevada a cabo en 2017 al hilo de las denominadas Cláusulas suelo, cuando desde el Consello, conscientes de la magnitud social del asunto, pusimos a disposición del Instituto Gallego de Consumo -y con ello de todos los afectados en Galicia- una potente herramienta que ofrecía un adecuado cálculo financiero para validar lo ofrecido por las entidades o tener una posición de fuerza para negociar con ellas. Igualmente en esta línea, pero a través del Consejo General de Economistas -que aúna a todos los Colegios de Economistas de España- se informan de manera habitual iniciativas legislativas de carácter económico que afectan al conjunto de la sociedad, y se elaboran numerosos estudios sectoriales de interés social, que revierten en beneficio común.
Llegados a este punto, considero que solo la mala fe o el desconocimiento pueden llevar a la creencia de que un Colegio Profesional se rige exclusivamente por intereses particulares y que actúa al margen de la sociedad en la que se halla incardinado. Un Colegio Profesional representa una serie de valores y principios que se identifican tanto con la profesionalidad de sus colegiados como con la vocación de servicio al conjunto de la sociedad.
Ese es el camino, en él estamos y en él seguiremos.
