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La huella de la Inquisición en Pontevedra

La inquisición perpetró en Europa el primer genocidio de la historia conocida y en Pontevedra los juicios por brujería contra mujeres eran bastante frecuentes, sobre todo referidos a viudas con propiedades

Auto de fe en España en 1707.CC0
photo_camera Auto de fe en España en 1707.CC0

La Inquisición formó parte de una época infame que abarcó una extensa línea temporal desde el s. XIII al s. XIX. Se juzgaban temas de moral, brujería y cualquier comportamiento que supusiese una "mala costumbre" para la Iglesia de entonces. Un imperio del terror instaurado por los Reyes Católicos en 1478 y que instaló su sede por primera vez en Galicia en 1574, en la ciudad de Santiago de Compostela, concretamente en el antiguo palacio de los condes de Monterrey. Existía ya una institución similar desde 1184 para combatir la herejía de los cátaros en Languedo (Francia).

Las canguesas Elvira Martínez, María Soliña (Soliño), Teresa Pérez María dos Santos, Catalina de la Iglesia o la pontevedresa Ana de Castro fueron algunas de las mujeres procesadas por el Santo Oficio bajo la acusación de brujería. Aunque el final más atroz era el de las condenadas a la hoguera, según los datos, en España se llegaron a quemar a cincuenta y nueve mujeres por ese motivo, pese a que pudieran parecer más. Lo cierto es que algunas condenas a la hoguera vieron conmutado su castigo al final de los procesos porque lo que importaba realmente era el botín, como el caso de Elvira Martínez. 

Esculo de la Inquisición españolaElvira Martínez nació en Cangas do Morrazo en 1551. Era hija de Dominga y de Juan Martínez, y cuñada de Juan y María de Bon, todos ellos capturados en las invasiones berberiscas en la costa de Cangas. Fue una de las pocas mujeres condenada a la hoguera, cuando tenía cincuenta años, «por haberse casado con el demonio células de posesión de cuerpo y alma firmadas con su sangre», cuya pena se conmutó.

En Pontevedra existieron muchos casos de condenados, como el de Sebastián de Acuña, que falleció en el auto de fe después de sufrir terribles torturas y de que se apropiarsen de todos sus bienes. Su esposa, Blanca de Chaves, pidió por carta explicaciones sobre la hora de su muerte y las circunstancias que rodearon las últimas hora de vida de su marido, "donde sacaron en brazos a dicho reo, que estaba más muerto que vivo", según el auto de fe.

Otro ejemplo es el de Leonor da Fonte, la esposa del mareante de A Moureira Bartolomé de Infante, que en 1652 recibió cien azotes por bruja y adivinadora. Por actos de brujería fue acusado por parte de la Inquisición el pontevedrés Pedro Sarmiento de Gamboa en el s. XVI cuando se enfrentó a un tortuoso proceso en América acusado de practicar la astrología y del que se salvó por apelar a sus amistades en Alcalá de Henares.

En febrero de 1630, los pontevedreses Marquesa Cardosa y su esposo Gerónimo de Chaves fueron detenidos porque una "doméstica" les acusó de que en su casa «no se echaba tocino a la olla y se lavaba la carne con agua y sal», siguiendo la antigua Ley de Moisén, que estaba considerada una herejía; sometida al tormento de la mancuerda, Marquesa confesó que lo hacía porque su marido padecía de gota.

En 1655 también se condenó al pontevedrés Alonso de Castro y Puga, rector de San Bartolomé , a no abandonar la ciudad y al pago de 6.000 mrs. por contratar a una hechicera para obtener los favores carnales de una joven feligresa de la ciudad.

Como su nombre indica, el Santo Oficio, era una forma muy lucrativa de ganarse la vida, ya que no sólo se cobraba un sueldo sino que, además, se confiscaban las propiedades de los condenados. Los que más ganaban eran los Inquisidores y los Fiscales, que en el s. XVII tenían un salario que ascendía a 250.000 maravedíes, y el salario más bajo era el del Notario de Secretos, que rondaba los 55.000 mrs. Durante los siglos XVI y XVII la Inquisición de Santiago tuvo problemas para encontrar personal que trabajase de torturador, así que "tuvo que valerse de verdugos que venían de la Valladolid".

Los procesos no sólo eran por brujería, ya que muchos fueron los condenados y expoliados por judaizantes, como le ocurrió a la monfortina Inés Díaz, de 32 años, por usar blusas limpias los sábados por la noche o Isabel de Acosta de la que exhumaron y quemaron sus huesos en la Plaza de la Quintana de muertos en Santiago.

La lectura de libros no autorizados y la tendencia política también eran campos abonados para la Inquisición, como sucedió el 3 de diciembre de 1817, cuando por orden del conde de Maceda, Alguacil Mayor de la Inquisición de Santiago, se ordenó arrestar al liberal Casiano de Prado bajo la acusación de ser un liberal empedernido y "de haberse entregado a la lectura de libros prohibidos".

La picaresca contra la institución eclesial también campaba a sus anchas: Gonzalo Trazado, de Vilariño, cobraba multas e impuestos haciéndose pasar por oficial de la Inquisición y el fraile siciliano Silvio Compulo, "amenazando y atemorizando a las gentes de Galicia" le daban de comer y "vivía con sus criados y caballos sin pagar cosa alguna".

Muchas mujeres y hombres, al no soportar las terribles torturas, sufrían desmayos por el dolor o terminaban suicidándose en la cárcel, como el caso de Juan Codecido o, en 1604, el caso de Isabel de Acosta, vecina de Verín, que apareció ahorcada en su celda tras el tormento ad-orbitrium por judaizante. Su cuerpo sin vida fue quemado "secuestrándose los bienes á su familia". De hambre falleció en las cárceles secretas la ourensana Ana García al negarse a probar alimentos durante su cautiverio. Por no comer tocino y "otras ceremonias de la ley de Moisen" se encarceló y se expropiaron sus bienes a Beatriz de Fonseca.

Pero había quien se enfrentaba al Santo Oficio y, como ejemplo, el robo que se produjo en la Contaduría de la Inquisición de Santiago en 1624, de 10.280 ducados, cuyos autores rompieron paredes y puertas.

En 1654 los inquisidores de Santiago presentaron una queja conforme «los tormentos de mancuerda, vuelta de trampa, potro, garrucha y otros» no eran lo suficientemente dolorosos para los presos y a la vez solicitaban usar el tormento de la trampa o trampazo por su eficacia.

La Inquisición fue abolida por las Cortes de Cádiz en 1812, pero no es hasta el reinado de Isabel II cuando se ejecutó el mandato (1834). El 22 de febrero de 1843: "El jefe principal del reino de Galicia toma posesión en Santiago de todos los bienes y raíces que pertenecían al extinto tribunal de la inquisición".

Por todas estas barbaridades, que dejaron miles de muertes en Europa y América, el papa Juan Pablo II pidió perdón en dos ocasiones: por las torturas infligidas y por las condenas a muerte de personas inocentes llevadas a cabo por el Santo Oficio.

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