Opinión

Abolición

Hace 90 años Clara Campoamor, en una valiente intervención parlamentaria ante un Congreso totalmente masculinizado, manifestaba: "La prostitución supone una quiebra para la ética y la degradación de mujeres y hombres". Se trataba de uno de los primeros debates tras la proclamación de la II República. Ha tenido que pasar casi un siglo para que seamos testigos de un momento histórico similar sobre la prostitución, pero lo más penoso de todo no es el tiempo transcurrido, sino escuchar determinados posicionamientos que son un reflejo de lo poco que hemos evolucionado en algunos aspectos. 

El PSOE presenta un proyecto de ley que pretende ser el primer paso de un largo camino cuya meta es la libertad de las mujeres. Este paso inaugural consiste en modificar el Código Penal ampliando el tipo delictivo, esto es, castigar a la persona que se lucra prostituyendo a otra sin ningún tipo de condición, incluyendo a los puteros y a todo aquel propietario que se lucra a través de inmuebles donde se explota a mujeres. Para todos ellos se endurecen penas al tiempo que se contempla la necesaria y especial protección para las víctimas, que en definitiva es lo que son, víctimas. 

Conscientes de que esto no supone la solución definitiva o la desaparición de la explotación sexual, sí estamos ante un gran paso en un camino que debe continuar complementándose con otros muchos, tanto a nivel estatal como autonómico o local (educación, protección social, modificaciones legales adicionales…). Pero sin duda, estamos ante un paso de gigante para acabar con el proxenetismo y, por ende, para caminar hacia la libertad de las mujeres en una sociedad democrática. No hay libertad para las mujeres si no somos dueñas de nuestras propias vidas. 

Por todo ello, y casi cien años después del discurso de Campoamor, no alcanzo a entender determinados posicionamientos de partidos que se dicen democráticos, algunos hasta de izquierdas, y que de forma totalmente incoherente compran el argumentario de los ‘lobbies’ de la prostitución y, sin pudor alguno, realizan en la tribuna del Congreso manifestaciones como: "¿Hasta dónde nos podemos levantar la falda ahora?"(Junts); "Hay diferentes maneras de ver el sexo" (Esquerra Republicana); "Me preocupa que pueda afectar al derecho a una vivienda digna" (BNG), o "Protección paternalista" (Ciudadanos). 

¿Cómo se puede negar una realidad tan constatable como que al menos 45.000 mujeres son explotadas sexualmente en nuestro país? Una explotación que constituye para los proxenetas un suculento negocio millonario fruto del último resquicio del comercio esclavista. 

¿Acaso se puede comprar y vender todo? ¿Comprar, en el caso de la prostitución, la dominación, el sometimiento, el abuso y la desigualdad de estas mujeres, y perpetuar con todo ello el machismo? Mi respuesta es clara y rotunda: ¡No! Una sociedad que se lucra explotando mujeres no puede llamarse democrática, no podemos dejar impune esta vulneración de los derechos humanos y esta clara expresión de la violencia de género. 

No seamos hipócritas ni tan osados de ampararnos en una supuesta libertad o modernidad, porque todos sabemos que quien decide bajo coacción o necesidad no decide libremente y que en este país muchas mujeres esperan ser liberadas. Me alegra y alivia que haya salido adelante el trámite parlamentario y podamos desde las instituciones seguir construyendo una sociedad más democrática y más libre.

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