La es calada de precios injustificada a la que nos vienen sometiendo las eléctricas se está disparando día a día de forma escandalosa sin que nadie le ponga freno. ¿Tal sigue siendo el poder de las eléctricas, con ex presidentes de Gobierno, ex Ministros y altos cargos situados en sus Consejos de Administración, que además de cobrar suculentos sueldos también tienen participaciones en las eléctricas, que nada va a ser capaz de poner fin al latrocinio que están cometiendo?
La Ministra para la Transición Ecológica considera un delito el vaciado de los pantanos que están llevando a cabo las eléctricas para aumentar las ganancias produciendo energía de menor coste para cobrarla al precio máximo de la más cara. Varios municipios han denunciado a Iberdrola por esta práctica y lo mismo han hecho ayer los ecologistas y varias asociaciones agrícolas que reclaman una investigación por el delito ecológico que supone el despilfarro del vaciado del agua, sin tener en cuenta que han desabastecido las necesidades para regadío, consumo e industrias, dejando ya en estos momentos los pantanos con un nivel un 70% inferior al que tenían el año pasado por estas mismas fechas. Y todo esto con el único fin de obtener los mayores beneficios posibles a costa de lo que sea.
No será porque les haya ido mal a las eléctricas en los últimos tiempos. Según datos de diversas fuentes, a finales de julio las eléctricas transnacionales ganaban 1.000.000 de euros al día y seguían con el recibo de la luz disparado; de la información remitida por las eléctricas a la Comisión Nacional de Valores se desprende que Endesa, Naturgy e Iberdrola, que controlan el 86% del mercado, ya habían experimentado una subida del 6% en sus ganancias del semestre, sumando unos beneficios de 3.233.000.000 de euros entre el 1 de enero y el 30 de junio. Y no olvidemos a Repsol, con 1.235.000.000.
Con este rango de beneficios no parece ni justo ni razonable lo que se les está consintiendo, máxime cuando año tras año vienen obteniendo unas cifras de beneficios escandalosas. Decía Oscar Matute en una comparecencia que las eléctricas, con esos beneficios, tienen más poder que el Gobierno.
Hace unos días nos recordaba Yolanda Díaz que en España hay 6.000.000 de personas en pobreza energética y que eso ataca a derechos fundamentales y no puede continuar.
La situación actual deviene de una política de privatizaciones del sector eléctrico que se argumentaba como una modernización del país que revertiría en beneficio de los usuarios; pero lo cierto que ha terminado en un oligopolio especulativo que multiplica los precios y se comporta como una mafia al margen del mercado de la competencia y, con unos sistemas de subastas y tarifas que intensifican esa tendencia.
Frente a esta situación de abuso, que arruina a familias y empresas y desprecia la repercusión ecológica y económica del despilfarro del agua, urgen medidas que acoten tales desmanes que ahora mantienen acogotado a un país que no posee una compañía eléctrica estatal que pueda contrarrestar esos efectos.
En palabras del Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, será fundamental que el PSOE esté dispuesto a poner los intereses de la ciudadanía frente a los del oligopolio.
Entre la serie de posibles medidas que el secretario de Economía de la formación morada propone están dos herramientas contempladas por la legislación europea y que ya se emplean en otros países de la U E. Se trata de establecer una retribución fija al megavatio hora nuclear y un precio máximo al megavatio hora hidroeléctrico.
Pero como la situación requiere combatir en forma simultánea desde varios frentes, proposiciones como la disminución de beneficios "caídos del cielo" de los monopolios eléctricos, evitar la especulación y poner la energía al servicio del interés general, la creación de un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico, la recuperación de la titularidad pública de las centrales hidroeléctricas cuya concesión vaya a caducar y reformar el mercado mayorista para dejar de pagar todas las energías por el precio de la más cara, son medidas necesarias que el Gobierno debe adoptar y cuya entrada en vigor deberá ser inmediata para que sus efectos se perciban ya en la factura de la luz.
La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, también abrió por primera vez la puerta a que una empresa pública gestione las presas hidroeléctricas, tal como Unidas Podemos propone que dicha entidad asuma las concesiones de los saltos de agua que vayan caducando en los próximos años. La Vicepresidenta admitió que varias concesiones hidroeléctricas han caducado o están a punto de hacerlo y que hay que pensar en qué modo se pueden aprovechar.
No olvidemos que el coste de las hidroeléctricas está ya amortizado y por tanto no hay razón para que las corporaciones privadas continúen obteniendo nuevas concesiones ni mayor dilación en el disfrute de los beneficios de las que ya están caducadas.
El Estado recuperará una treintena de centrales hidroeléctricas hasta el 2031. Resulta imposible más dilación por parte del Gobierno con respecto a lo qué hacer con ellas. Recordemos nuestra necesidad de una empresa pública de energía y que muchos de los países de la U E tienen al menos una de propiedad estatal o con participación mayoritaria del Estado en ella. España también la tuvo hasta que vendió Endesa, (Empresa nacional de Electricidad, S. A. fundada el 18 de noviembre de 1.944 en Ponferrada por el Instituto Nacional de Industria), a la italiana Enel, de la que por cierto el principal accionista es el Estado italiano.
Tanto a estas recuperaciones de centrales hidroeléctricas como al desarrollo de las energías alternativas es imprescindible que ciudadanía y políticos estén atentos para que no pasen de nuevo a manos de corporaciones privadas, ni sean estas últimas quienes se beneficien del dinero destinado a las renovables, porque de ser así volveríamos a estar en la misma tiranía que ahora sufrimos y habremos desaprovechado una oportunidad histórica.
Las advertencias frente al ecofascismo y la colonización energética están ahí. De la actitud de todos dependerá el futuro de lo que ocurra en nuestro país y en nuestro territorio.
