LOS INCENDIOS son un problema para el medioambiente. Suponen, además de la contaminación, pérdida de mucha riqueza: flora y fauna, detrimento en la economía, la calidad de vida y la salud de las personas. Hay pérdidas irrecuperables cómo las vidas que se llevó por delante el fuego, pero también hay otras, tal vez menos tangibles de inmediato, pero que pueden provocar un aumento de la despoblación y un cambio inmediato en la faz de los montes difícil de recuperación, que puede derivar en consecuencias peores por abandono en algunas zonas o por la introducción de una nueva repoblación forestal desafortunada que no solo contribuye a expandir los incendios, sino también al agotamiento de los acuíferos y a limitar, cuando no a erradicar, otras formas de desarrollo rural. Incluso afecta al desarrollo turístico.
Hubo gente que perdió sus casas y en muchos casos también su medio de vida y los puestos de trabajo a que daba lugar. Las ayudas de la Administración son imprescindibles para rehacer esa economía rural y con tal fin, la Administración estipuló presupuesto para hacer frente a los daños, aunque muchos piensan que no serán suficientes para restablecer su economía. Mala política sería la que no ayude a fijar esta población al medio, cosa que en muchos casos será imposible si no hay indemnizaciones que ayuden y medidas de orientación y apoyo coordinadas.
Aprovechando que la Xunta destinará 50.000.000 de euros a un plan de empleo juvenil, plan que previsiblemente se mantendrá en la línea de los emprendidos en los últimos años, pero que sería oportuno y deseable que tuviese en cuenta el manifiesto de docentes e investigadores de la USC en defensa del rural y de una nueva política que lo revitalice y encauzar ese plan de empleo con la mirada puesta en el campo, no solo para la producción, también para la trasformación y comercialización de los productos.
Galicia tiene una riqueza natural que se da cuando la vegetación autóctona crece en harmonía con la ganadería y la agricultura; muchos productos nacen y se desarrollan de forma espontánea posibilitando que, sin apenas esfuerzo, se puedan incorporar a la producción agrícola y ganadera, creando una economía sostenible con empresas de envasado, transformación y comercialización de los productos que creen empleo y vayan más allá de la mera economía familiar.
En una reciente visita a la zona rural de Lugo con el Instituto de Estudios Miñoranos en vísperas de los incendios, pudimos escuchar a los paisanos sus comentarios sobre la falta de medios para impulsar esa riqueza. Hablaban de la caza, la diversidad de setas, arándanos, miel, castañas, nueces, avellanas, entre otros que son de aprovechamiento a la par que los cultivos. Nos mostraron viñedos y creación de nuevas bodegas, entre otras opciones de desarrollo rural además del turismo. Lamentaban la explotación que las industrias lácteas están haciendo a los ganaderos gallegos. Hablaron de sus intentos para comercializar la carne de ciervo, corzo, jabalí y otras especies de la zona pero que para su implementación necesitan de planes colectivos que dejen de lado intereses partidista o personales. Y por supuesto, crear empresas y cooperativas gallegas para que el beneficio redunde en Galicia y no se vaya "a multinacionales ni a paraísos fiscales".
En contra de todo ésto juegan los últimos grandes incendios de octubre en Galicia, 16 poblaciones se vieron afectadas por el fuego teniendo que proceder al desalojo de viviendas, de las que varias resultaron quemadas. En algunos municipios el fuego arrasó la mayor parte de sus montes; uno de los más significativos fue Arbo, dónde el fuego arrasó el 90%. Hubo tres días fatídicos que supusieron 35.500 Ha quemadas de las 42.400 devastadas por el fuego en el mes de octubre. En un mismo día coincidían 146 incendios activos a la vez y 60 tuvieron su inicio en un solo día; casi todos comenzaban durante la noche.
Los incendios son un problema en Galicia; a estas alturas del año se han quemado ya 49.127 Ha, lo que supone un tercio de la superficie afectada por los incendios en España durante dicho período. Es un problema que afecta también al resto de la UE que sufrió la pérdida de 984.600 Ha en 2017.
Los expertos en estos temas apuntan varias medidas que la Administración no debería descuidar y siempre señalan como fundamentales las preventivas. González Alonso sostiene como especialista que el método espacial debería tener un papel relevante en las prevención, detección, seguimiento, evaluación de daños y de la recuperación de las áreas afectadas; en este sentido insiste en que el sistema EFFIS-Copernicus permite obtener una información homogénea y objetiva que las Administraciones deberían implementar, puesto que el cambio climático y el calentamiento global agravarán el problema en los próximos años y ya actualmente, "los incendios forestales se han convertido en la UE en un problema ambiental de primera magnitud que está desbordando a los gobiernos".
No cabe duda de que el cambio climático tiene incidencia en los incendios aunque no es el único factor que interviene. Dice Xavier Simón que los gobiernos todavía no son conscientes de la dimensión del cambio climático y de sus consecuencias para los incendios; de otro modo no se puede entender la voracidad de los producidos este año en Galicia, Asturias y Portugal. El huracán Ofelia tuvo que ver con lo que ocurrió, pero la falta de medidas preventivas urgentes ante la evidencia de su trayectoria, pone de manifiesto deficiencias de previsión y de implementación de protocolos de salvaguarda de nuestros recursos naturales por parte de los gobernantes.
Para Xavier Simón, "la única forma de frenar la plaga de incendios es atajar el despoblamiento rural, lo que solo se puede conseguir recuperando la conexión de las explotaciones forestales con las agrarias y ganaderas". Considera los grandes incendios forestales un síntoma del inadecuado modelo de producción que se impuso en los últimos 80 años, porque situar el monte como un espacio forestal fuera de las explotaciones agrarias es la raíz del problema. También coincide con otros expertos en que los monocultivos deberían estar prohibidos, o cuando menos muy limitados y relativiza el problema del minifundismo, achacado por quienes pretenden únicamente su propio negocio basado en el monocultivo.
La Xunta de Galicia tiene convenios que le permiten manejar miles de Ha. de montes comunitarios pero viene aplicando la lógica forestalista del monocultivo que tan perjudicial resulta. También es muy cuestionada la Ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales porque puede ser causante de la expulsión de la población rural del medio en función del modelo de explotación que implementen dichas empresas.
En conclusión, la única forma de revertir esta situación será fijando la población al medio y promoviendo el desarrollo forestal en conexión con la ganadería y la agricultura. ¿Llegaremos a ver implementado un plan de desarrollo armónico y sostenible?. Es el momento de trabajar en ello.
