Lo grave es que ya nos van acostumbrando a que cada día despertemos con una noticia más espeluznante.
Cuando se trata del coronavirus no desayunamos únicamente con el recuento de contagiados, ingresados en el hospital, en UCI, o fallecidos; acostumbra además a ir acompañado de un corolario de despropósitos en relación con la asistencia sanitaria, ya sea en residencias de ancianos, en otros dispositivos o en la forma en que se gestiona la asistencia, que produce tanta desazón como la enfermedad en sí.
La noticia estrella que produjo una conmoción que inquietó a todos, no solo a los madrileños, fueron las instrucciones que una alta ejecutiva del sistema sanitario madrileño daba en conversación telefónica, (desconozco si también por otras vías), a los dispositivos sanitarios ante el rechazo de los pacientes a ser trasladados al H. Isabel Zendal, rechazo que se comprende ante las graves deficiencias que del mismo se vienen denunciando.
Esa persona ordena que se retiren los teléfonos a los pacientes para que no puedan avisar a la familia de que quieren trasladarlos contra su voluntad y que únicamente se comunicara el traslado a los familiares cuando el enfermo ya estuviese en camino hacia el H. I. Zendal. Imagínese por un instante que es usted quién va en la ambulancia y que ante su negativa al traslado no puede hacer nada porque, al retirarle el teléfono, le han cortado toda posibilidad de comunicación con el exterior.
Independiente de que pudieran existir o no razones justificadas para efectuar un traslado, no existe justificación alguna, ni ética ni legal, para incomunicar a un paciente que ya está aislado de su familia y entorno, con una enfermedad grave y que incluso le puede llevar a la muerte. Alguien debería explicarle a esa aplicada directiva que la primera garantía que a todo ser humano tiene que facilitarle es la que le otorgan la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución Española y la misma normativa sanitaria vigente. En este país, esa libertad de comunicación de la persona y de expresar su voluntad, no se puede cortar de forma dictatorial sin entrar con ello en el terreno de lo ilícito.
De bien poco sirve que salga el Sr. Aguado a restar importancia a las palabras de la directiva en cuestión, cuando esa persona no es cesada ni dimite de motu propio y encima argumentan en su defensa que es muy valiosa y que era una conversación privada. Ambos argumentos en su defensa apuntan a que la Comunidad de Madrid carece de personal verdaderamente competente (en el terreno de la gestión) y que de puertas adentro parece ser que todo vale, sea o no ético, lícito o ilícito. ¿Quién puede fiarse de responsables que se comporten así?
Recordemos que las instrucciones dadas en su día por la Comunidad de Madrid para que no se trasladara al hospital a los ancianos también “eran borradores internos”. Pero quienes sufrieron su aplicación real, la mayoría de ellos fallecidos en condiciones deplorables y sin asistencia en las residencias de ancianos, no pueden decir lo mismo. Si el tema está en los juzgados es porque fueron algo más que borradores.
Hablamos de discriminación por razón de edad y vulneración de derechos constitucionales. Los correos denominados “borradores” nunca debieran haber existido por la misma razón que nunca deberían haberse producido “conversaciones internas” con instrucciones como las mencionadas. Ni políticos, ni ejecutivos del sistema de salud, ni responsables sanitarios deben ocupar un cargo cuando, como parece, carezcan de empatía y se atrevan a utilizar su posición para imponer la negación de la asistencia sanitaria de la mejor calidad posible o impongan unilateralmente la incomunicación para que el paciente no pueda manifestar su voluntad ante una decisión sanitaria que no comparte.
Los ancianos son personas. Los enfermos son personas. La edad avanzada y la enfermedad son situaciones delicadas que deben gozar de la mayor protección posible; estuviera en la legislación o no, porque tan solo por empatía y mera humanidad no se debe abandonar o minorar su protección frente al infortunio, pero es que además la ley así lo contempla.
Nunca será un buen político ni un buen ejecutivo el que carezca de empatía, respeto a la justicia y capacidad técnica. La capacidad técnica sin los atributos éticos puede convertirnos en auténticos tiranos.
