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Indefensión

La sensación de injusticia e indefensión, cada vez más generalizada, que hace que la ciudadanía se sienta rehén impotente está directamente relacionada con la corrupción que impera protegida por los servidores políticos e institucionales a favor de los intereses del neocapitalismo salvaje, que cada vez tiene menos pudor en exhibir su presión sobre los políticos y los distintos Poderes del Estado.

Ese poder económico que, sin pasar por las urnas, acogota y pisotea la soberanía de las Instituciones democráticas y legítimamente elegidas, utiliza como ariete de desgaste al Gobierno a una oposición que en lugar de aportar soluciones se centra en las descalificaciones sistemáticas de cuantas medidas se aprueben en el Parlamento y acciones lleve a cabo el Gobierno.

En esa estrategia de descalificaciones, calumnias y mentiras que dejan a una buena parte de la ciudadanía confundida y decepcionada, colaboran muchos medios de comunicación y tertulianos que dejan el periodismo a la altura del suelo con su falta de rigor en cuanto a exactitud y veracidad de lo que exponen, e incluso de conocimiento en determinados temas sobre los que opinan como expertos. Un ejemplo del resultado de dichas técnicas es la confusión y desapego creada en la ciudadanía con respecto a la pandemia, las vacunas o las medidas de profilaxis que se deben observar.

Pero las estrategias de los poderes en la sombra no solo se practican en los debates parlamentarios, declaraciones públicas de representantes políticos, o políticas de medios de comunicación, cuyo fin último es llevar al Gobierno a partidos que sean más proclives a sus intereses, sea legislando o haciendo la vista gorda en lugar de poner coto a situaciones que perjudican los intereses del bien común. El comportamiento de las eléctricas con las abusivas tarifas, el reciente vaciado de los embalses, las concesiones opacas de permisos para instalaciones eólicas y solares a las grandes corporaciones de la energía y las presiones en contra de crear una empresa pública de energía son resultado de la misma causa.

También está el hecho de que representantes políticos, haciendo uso de su derecho a participar en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, elijan a quienes puedan ser más favorables en la interpretación y aplicación de las leyes a favor de sus intereses, o incluso al trato de sus causas pendientes, hasta el punto que partidos que se declaran constitucionalistas vulneren la Constitución vetando la renovación del CGPJ caducado desde hace más de dos años, pero que continúa haciendo designación de Jueces con puestos clave y carácter indefinido en la estructuras clave del Poder Judicial por cuyas instancias pasarán casos de corrupción pendientes en los que está implicado el PP. La misma vulneración del principio constitucional supone el hecho de pretender excluir de la participación en dicha elección de miembros del CGPJ a partidos políticos con representación parlamentaria e incluso a miembros del actual Gobierno democrático, todos ellos legítimamente elegidos en las urnas al igual que quienes les quieren vetar.

La Unión Europea lleva tiempo exigiendo la renovación inmediata del CGPJ en España y haciendo reiteradas llamadas de atención sobre la corrupción que impera en nuestro país. También el Tribunal de Justicia Europeo ha corregido múltiples sentencias de Tribunales españoles, resultando nuestro país uno de los más controvertidos por sus actuaciones judiciales.

El último ejemplo de disconformidad con el Tribunal Supremo es la declaración del Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con la inhabilitación del juez Baltasar Garzón., que concluye que el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia y se saltó las preceptivas garantías de un proceso judicial. Dicho proceso tuvo lugar en 2012, cuando Garzón instruía desde la Audiencia Nacional el caso Gürtel y el TS le condenó a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados de la Gürtel; cumple decir al respecto que la orden de pinchar dichos teléfonos se adoptó a petición de la policía que investigaba el caso y contó con el respaldo de la Fiscalía que también valoró indicios de actividad delictiva en los letrados. Dicha actividad, (la escucha), estaba permitida por la Ley General de Penitenciaría.

El Comité de Derechos Humanos pide explicaciones al Gobierno por dicha inhabilitación y exige al Estado español "una reparación integral" que borre los antecedentes penales de Garzón y le proporcione la compensación adecuada por el daño sufrido al haber arruinada su carrera. La indefensión creada a Garzón y la falta de imparcialidad de quienes le juzgaron viola su presunción de inocencia, a juicio de dicho Comité, (coincidiendo así con opiniones que ya se manifestaron entonces como represalia por investigar ese caso y otro relativo al Franquismo), porque infringe el art.14, párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

En efecto, parece que la corrupción no tiene límites en nuestro país, y eso de que todos somos iguales ante la Ley…

Nombraremos únicamente otro par de cosas, de actualidad, que no animan a mucha esperanza con respecto al respeto a la Constitución y a la imagen de la Justicia en nuestro país. El primero es la flagrante vulneración de la Constitución por parte de Comunidades Autónomas regidas por el PP al excluir a los ancianos de las residencias de mayores del derecho a la asistencia sanitaria en plena pandemia, ignorando el art. 14 de la C E, además de los más elementales principios éticos y humanitarios. ¿Dónde están la investigación de los hechos y la exigencia de responsabilidades? Porque a día de hoy ya se sabe que dicha orden de discriminación existió y se llevó a cabo, causando muertes que se podrían haber evitado y sufrimientos que se podían haber paliado.

La otra cuestión que ni honra a la Justicia ni confirma eso de que todos somos iguales ante la Ley es "el negocio negro de jueces y fiscales", denunciado recientemente por Marcos Pinheiro, según el cual algunos llegan a cobrar hasta 4.000 euros al mes en "dinero negro" por preparar a opositores. Los datos del CGPJ reflejan más de 4.000 aspirantes anualmente a jueces y fiscales y, la mayoría, opta por la tutoría de un juez o fiscal en ejercicio al que paga mensualmente en efectivo y así, según Pinheiro, esos pagos no pasan por los controles de Hacienda.

Visto lo visto, esperemos que este Gobierno "progresista" y nuestros representantes en el Parlamento mantengan la cordura y firmeza necesarias frente a las presiones de fondos buitres y "algunos otros interesados" en el negocio, y no permitan que la gestión de las cotizaciones a la Seguridad Social caigan en sus garras, o de lo contrario, ¡adiós pensiones públicas!, como advierte MODEPEN y demostró la experiencia de dicha práctica en otros países.

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