PARA ENTENDER el origen de esta apropiación de bienes públicos hemos de retrotraernos al Decreto Ley de 1998, cocinado al margen del Parlamento, el que permitió la privatización de templos y catedrales de carácter religioso que hasta entonces habían sido bienes de dominio público, tal como aseguraron muchos juristas.
Fue al amparo del Partido Popular que, tras 14 años de gobierno del PSOE, obtuvo la mayoría simple e invistió presidente a José María Aznar, quién formó su primer Gobierno en el que se tomarían varias medidas de diverso calado; entre ellas, la que posibilitó las inmatriculaciones, legislación que la iglesia supo ampliar interpretándola divinamente a su conveniencia.
La polémica que se ha desatado estos días y ha vuelto a poner las inmatriculaciones en el candelero se debe al hecho de que el Ayuntamiento de Sevilla nombrará, a instancia de Caritas, hijo adoptivo al arzobispo Asenjo. Este hombre. Conocido como uno de los ideólogos de la reforma de Aznar que permitió la inmatriculación de miles de monumentos y contra cuyo nombramiento honorífico protestan más de 20 organizaciones sociales y un largo elenco en el que figuran firmas de intelectuales y representantes de la cultura españoles y extranjeros es, en palabras de los sevillanos, "el mayor inmatriculador de nuestra tierra".
"Alguien que se apropió del patrimonio de todos y de todas nada más llegar al cargo no merece ese reconocimiento", reclaman la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, la Plataforma Mezquita Catedral, la coordinadora Recuperando, las Comunidades Cristianas Populares, y Andalucía Laica, entre otras.
La trayectoria que define el perfil de Juan José Asenjo habla por sí sola. Miembro de la Comisión Episcopal que negoció los términos de la reforma legislativa con el Gobierno de Aznar y cuya presidencia ostentaba en 2005, firmó en 2006 en el registro de la propiedad de Córdoba a nombre de iglesia la gran Mezquita de Al Ándalus, hoy conocida como Mezquita Catedral de Córdoba, "uno de los monumentos más prodigiosos del mundo", en palabras de Aristóteles Moreno.
En 2009, fue nombrado arzobispo de Sevilla, dónde al año ya había inmatriculado la Catedral, la Giralda de Sevilla y el Patio de los Naranjos como dependencias anexas a la catedral.
Tanto la Mezquita de Córdoba como la Giralda de Sevilla y la Alhambra de Granada, son las tres grandes joyas del arte andalusí y están catalogadas por la Unesco como Patrimonio Mundial. Ahora, por obra y gracia del Gobierno de Aznar, las dos primeras han dejado de ser patrimonio público para ser de titularidad de la Iglesia. Y puesto que la firma de apropiación por la iglesia, tanto en Córdoba como en Sevilla, fue la de Asenjo, no es de extrañar el rechazo al nombramiento de hijo adoptivo.
"Asenjo lo que se merece es el título de obispo inmatriculador"."Que una administración pública conceda esa distinción a una persona que ha inmatriculado el patrimonio de todos los andaluces es una aberración", dice el portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, símbolo ésta del rechazo a estas apropiaciones y que en su día tuvo múltiples apoyos en diferentes redes y foros; el Gobierno de Andalucía de entonces se opuso a esas inmatriculaciones y también lo hizo el PSOE, incluyendo Pedro Sánchez en su discurso de investidura la intención de revertirlas, conforme constaba en su programa electoral.
La controvertida reforma de Aznar abrió la puerta a una situación inaudita en la historia, que dio lugar a la apropiación por la iglesia de templos de culto que son auténticos tesoros arquitectónicos del legado cultural español. Aunque no se dispone de datos exhaustivos de los registros efectuados por la iglesia, debido a las reticencias que a dichas indagaciones se oponen, algunas fuentes señalan que pueden estar por encima de los 100.000 inmuebles en toda España, de los que, según la Coordinadora Recuperando, las apropiaciones incluyen más de 3.000 monumentos de incalculable valor histórico.
En 2015 el gobierno de mariano Rajoy no facilitó al representante de Compromis una relación de los bienes inmatriculados por la Iglesia, negando la petición de transparencia en múltiples ocasiones. No solo fueron templos de culto los inscritos; también se registraron cementerios, plazas públicas, viviendas, huertos, carballeiras, e incluso alguna instalación deportiva.
Por fin, en marzo de 2020 es el actual Gobierno de coalición quién da respuesta a las reivindicaciones formuladas y solicita de los Registros la relación de bienes declarados de titularidad, que no de propiedad, de la iglesia. Tal vez por eso la iglesia está poniendo a la venta viviendas y otros bienes ajenos a las prácticas de culto.
