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Los excluídos

No se puede decir ahora que los responsables de Bienestar Social de las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias, no tuvieran conocimiento del lamentable estado en que estaban nuestros mayores y dependientes en muchas residencias

VIVIMOS UNA situación caótica provocada por la pandemia que merma la población, básicamente de ancianos porque son el segmento de edad más sensible y en el que se ceba con especial virulencia; si unimos a esto el hecho de que a la gran mayoría de los ancianos se les estuviese negando su derecho de asistencia sanitaria y la circunstancia añadida del alto índice de contagios que reinó a sus anchas dentro de las residencias, la situación resultó seriamente agravada para ellos, llegando a constituir un escándalo sin precedentes que traspasó nuestras fronteras y motivó cientos de denuncias a los responsables por parte de familiares, seguidas de protestas y múltiples movilizaciones sociales exigiendo cuidados sanitarios para nuestros mayores, terminar con la exclusión de su tratamiento en hospitales y la relegación del acceso a las UCIs por razón de la edad; también se aboga por la dotación de residencias públicas suficientes y exigencia de responsabilidades administrativas y penales por las aberraciones detectadas.

No se puede decir ahora que los responsables de Bienestar Social de las Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias, no tuvieran conocimiento del lamentable estado en que estaban nuestros mayores y dependientes en muchas residencias; lo que ocurre es que la pandemia destapó de forma imparable las consecuencias de las graves deficiencias evidentes convirtiéndolas, como decía Anatolio Díaz Merino (UGT-UJP) durante su comparecencia en el Grupo de Trabajo Políticas Sociales y Sistema de Cuidados en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, "en espacios de muerte, en gigantescos ataúdes" por la negligencia de algunos gobernantes.

Pero no nos engañemos, las deficiencias vienen de atrás y nada se hizo por corregirlas. El Defensor del Pueblo, en su informe de 2019 ya incidía en la necesidad que tenía España de "modificar la situación de las residencias"; la situación ya entonces no era nueva y tanto en Cataluña como en Madrid y en otros puntos de España había denuncias formuladas contra esas residencias por la situación inhumana detectada en varios casos, sin que nada cambiara pese a que algunas acumulaban sanciones.

Entre las reivindicaciones todas las movilizaciones coinciden en una serie de puntos en los que la pandemia puso de manifiesto deficiencias y fisuras graves. Exigen residencias públicas 100%; inspecciones periódicas exhaustivas por parte de los responsables de la Administración; formación y remuneración digna a los profesionales que trabajan en las residencias; prohibición de que los propietarios de residencias privadas que operan en paraísos fiscales reciban dinero de las Administraciones públicas. También demandan que se dote del presupuesto necesario para resolver las demandas de ayudas a la Dependencia. En lo que va de año, murieron en Galicia 395 personas en lista de espera para la ayuda a la Dependencia.

Para que la situación cambie es necesario destinar recursos a los Servicios Sociales y a la Dependencia. España dedica únicamente el 0,7% del PIB a estos menesteres, según datos de la OCDE, mientras que Francia dedica el 1,34%, Alemania el 1,28%, Bélgica el 2%, y Suecia el 2,6%. Tampoco en ratios de plazas de residencia por cada 1000 habitantes alcanza nuestro país la media europea, con el agravante de que al déficit estructural se añade la privatización realizada durante los últimos años.

Y entre tanto, la sociedad se mueve y reivindica cambios.

En Santiago de Compostela se celebró el pasado miércoles, día 24 de junio, una manifestación en protesta por las muertes ocurridas en las residencias privadas a causa del coronavirus y por la exclusión de la asistencia sanitaria a los mayores y las indignas condiciones de la atención en las residencias dónde quedaron abandonados a su suerte. Las reivindicaciones formuladas son coincidentes con las señaladas anteriormente, y las consignas "Feixoo, escoita, o pobo está en loita" y "Goberne quen goberne, o público deféndese" fueron coreadas de principio a fin de la marcha. En esta ocasión el objetivo de la manifestación convocada por MODEPEN, Trega y Vellez Digna y apoyada por PSdeG, BNG, Galicia en Común y Marea Galeguista, es lograr que los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del 12 de julio lleven en sus programas la defensa de las reivindicaciones planteadas y unos servicios sociales que sean 100% públicos y de gestión directa.

Como quiera que el gato escaldado del agua fría huye, no solo los mayores temen que tras la pandemia vuelvan las prácticas del neoliberalismo salvaje al que no le importa que caiga quien caiga y se vuelva a la situación anterior al Covid-19. Por las declaraciones y propuestas que están surgiendo de diversos colectivos ante la actitud agresiva y hostil de los posicionamientos de la patronal, (tanto en sus declaraciones públicas como en foros de la UE y en las negociaciones con el Gobierno), en detrimento de los derechos de los trabajadores y los colectivos más desfavorecidos y exigiendo mantener sus privilegios intactos, igual que los gallegos le decían a Feijoo en Santiago, Compostela no será el único lugar dónde el pueblo alce la voz. Y no será solamente por la sanidad y los servicios sociales públicos y de calidad, sin exclusión de nadie.

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