EN CUESTIÓN de empleo se va a tener que intensificar la vigilancia a la contratación y los supuestos de falsos autónomos, nueva plaga en la degradación del empleo, la vulneración de los derechos del trabajador y la estafa a las cotizaciones de la Seguridad Social.
Recientemente se hizo público, además de las aberraciones en la producción de las explotaciones porcinas intensivas y la falta de los controles sanitarios pertinentes, los abusos que se vienen cometiendo con los trabajadores de la industria cárnica en España. Si bien los hechos denunciados se relacionan con granjas de la marca El Pozo, probablemente no sea una práctica exclusiva de dicha firma y abarque a más empresas del sector.
En la cuestión que aquí nos atañe, la contratación de los trabajadores, se deduce un gran fraude al figurar como autónomos socios de la cooperativa trabajadores autónomos que, ni son socios ni tienen participación en beneficios y que por lo que mostró, tampoco son autónomos. En este supuesto, los trabajadores son en realidad trabajadores por cuenta ajena que trabajan únicamente y a tiempo completo para una única empresa. Con la consideración de (falsos) autónomos y además (falsos) socios de la cooperativa, los trabajadores pagan una cuota mínima a la Seguridad Social, (50 euros según afirmaban), y el empresario ninguna; con lo cuál es una estafa a la Seguridad Social. Pero la Seguridad Social no es la única estafada, puesto que los trabajadores también se ven privados de derechos laborales que a su situación real corresponden.
La otra gran proliferación de falsos autónomos viene apuntando a las nuevas modalidades de la llamada economía colaborativa, dónde tienen un peso especial las "plataformas online". Las presuntas irregularidades de las firmas con sus trabajadores, hacen necesaria una mayor vigilancia. Parece que últimamente los inspectores de trabajo están recrudeciendo la batalla contra este sector de trabajo y tratando de demostrar que muchos de los trabajadores que emplean, deberían tener un contrato laboral por cuenta ajena.
Empresas de reparto de comida como Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Stuart, o de transporte como Uber, Bla Bla Car o Cabify, aprovechan resquicios legales poco claros para actuar en detrimento de los derechos legales de los trabajadores, pero no solo afectan a los trabajadores sino al conjunto de la sociedad, al evadir otras obligaciones del sistema como es la Seguridad Social y la tributación fiscal, porque muchas de las firmas de este tipo de economía se registran en países cuya tributación es baja y además opera el secreto bancario.
Algunos inspectores de trabajo y otros responsables de la Administración en cuestiones laborales han comparado a estas empresas con los barcos que utilizan la "bandera de conveniencia" para restringir retribuciones y derechos a los trabajadores y evadir responsabilidades en el país dónde operan.
Es obvio que este nuevo tipo de economía no sería tan rentable si estuviese sujeto a la normativa laboral y tributaria de los países en los que realmente operan, dónde explotan a los trabajadores y no dejan en el país ni rastro de los beneficios que obtienen. Alguna de estas empresas admite que nos sería posible su existencia si tuviera que contratar debidamente a los trabajadores.
En lo que no escatiman estas empresas es en la contratación de asesores expertos en derecho laboral y tributario que actúan de forma torticera y, ante la acción de los inspectores de trabajo, amenazan con burlar la ley convirtiendo cada contrato de falso autónomo con prestación laboral de 8 h./día en varios de menos horas para que el falso autónomo tenga que trabajar en varios empleos, eludiendo así la prueba de trabajar para un único empresario, o al menos poder así argumentar que el trabajador, si quiere puede trabajar para otro el resto del tiempo. De este modo pretenden dificultar la demostración de la verdadera naturaleza del falso autónomo.
Es una buena noticia que la Administración empiece a actuar en serio contra este tipo de operadores y muy necesario que regule su actuación para que cumplan con sus obligaciones respetando los derechos laborales y contribuyendo con las cotizaciones sociales y tributarias, impidiendo una forma de economía al margen de la ley y basada en el fraude laboral y la ingeniería fiscal.
