Durante esta pandemia se han visto y escuchados cosas tan deleznables en relación con los ancianos que causan pavor y náuseas; pavor por lo que te pueda tocar si ya tienes más de 65 años y náuseas si eres una persona de bien y descubres lo que los gobernadores del poder económico global nos tienen reservado, o lo que algunos responsables de asistencia sanitaria y residencias de ancianos han hecho con ellos. Ambas responsabilidades (sanidad y residencias) son competencia de las Comunidades Autónomas y hay que reconocer que no en todas ellas se les dio el mismo trato a los ancianos que padecieron las consecuencias del Covid-19.
La mayoría de las muertes de ancianos que no han recibido tratamiento, o no han recibido el necesario y adecuado, se produjeron en las residencias privadas, destacando las de las Comunidades de Madrid, Cataluña, Galicia y alguna provincia, lo que no quiere decir que en otras reinara la perfección y no pudiera darse algunas situaciones similares.
Si bien es cierto que en Galicia no se conoce constancia de que hubiera pacientes fallecidos cuyo cadáver permaneciera en la cama de al lado de otro residente vivo, como se constató en Madrid, si hubo deficiencias graves y pese a lo afirmado por Feijóo en rueda de prensa en la que atribuía a los médicos la facultad de derivarlos al hospital o no, existió un protocolo hospitalario de no ingresar a los mayores y otro para derivar a los ancianos de los geriátricos de las provincias de A Coruña y Lugo a una residencia medicalizada por la Xunta, (Porta do Camiño), que no tiene los mismos medios que un hospital, y dejando incluso a los grandes dependientes en las residencias de origen.
Críticas por las deficiencias flagrantes en las residencias de Ourense existieron desde el principio. Tampoco Pontevedra fue ajena al desastre dónde las circunstancias fueron especialmente dramáticas en Vigo y Cangas; a propósito, el día 8 de junio, la Asociación Vellez Digna se manifestó en la calle exigiendo a DomusVi mejoras y respeto a los derechos de los residentes y el personal. Denunciaban el fallecieron por coronavirus 22 residentes sin ser trasladados y querían saber por qué no fueron ingresados habiendo UCIs libres en el hospital. "Queremos la verdad antes de votar", reclaman refiriéndose a las próximas elecciones autonómicas.
Cuando el Gobierno intervino en Domus-Vi de Aldán se habían producido más de 100 contagios de repente, por lo que tuvo el Sergas que enviar personal sanitario público y que ahora, según esta Asociación y los familiares de los residentes, se está retirando sin que la empresa lo sustituya.
En el mismo sentido de falta de derivaciones de ancianos a los hospitales se pronunciaba Cinta Pascual, (presidenta de CEAPs), "porque alguien decidió que las personas que estaban en las residencias no tenían que ser trasladadas a los hospitales" y relata como el médico señalaba a los que simplemente les tocaba quedarse allí y morir; apenas hubo traslados y dice no entender por qué no se derivaron a otras Comunidades que no tuvieron tanta saturación como Madrid, Barcelona o Segovia. También habla de su preocupación por la desescalada, puesto que no se la pueden plantear sin hacer test a todas las residencias. Somos hogares de personas y no queremos ser hospitales, dice; "nosotros no tenemos oxígeno, ni respiradores ni EPIs" y así no se puede afrontar la desescalada ni un rebrote, ni garantizar la vida de los ancianos. A día de hoy aún se desconoce qué residentes han pasado el Covid-19 y quién no. Claro que lo que Cinta Pascual no dijo es que a los ancianos que tenían un seguro privado sí los derivaron a hospitales privados para su tratamiento. ¿Significa esto que a los únicos ancianos que se les niega tratamiento es a los de la Seguridad Social? ¿Acaso solo los ancianos ricos pueden vivir y solo a ellos se les debe preservar la salud, tengan la edad que tengan?
En cuanto a otro tipo de deficiencias que vienen arrastrando muchas: falta de personal, alimentación deficiente o mal trato, masificación, falta de previsión o incluso ocultamiento de casos a la familia, no hizo referencia ni autocrítica alguna. Pero no es el Círculo de Empresas de Atención a Personas, (entidades privadas desde luego aunque también reciban dinero público), el faro de la demanda social respecto al desarrollo de las residencias de ancianos. El foco de la demanda está en la creación de residencias públicas convenientemente dotadas de personal y recursos para facilitar una atención humanizada y segura a las personas y totalmente alejada del negocio privado en el que prima la especulación y el lucro. No pueden estar los ancianos en manos de fondos buitre.
El número de ancianos fallecidos por Covid-19 ronda los 19.500, (aunque la cifra puede ser mayor si se computan todos), de los que más de 6.000 corresponden a la Comunidad de Madrid, dónde se ha confirmado que su Gobierno dio la orden de no ingresar en los hospitales a los ancianos enfermos por coronavirus, ante la que el Consejero de Políticas Sociales llegó a afirmar «morirán de forma indigna », cuando conoció la orden. En Galicia fallecieron 132 y el Defensor del Paciente remitió a la Fiscalía Superior de Galicia la solicitud de una exhaustiva investigación sobre la orden de no trasladar a los ancianos a los hospitales. En estos momentos hay un alto número de demandas presentadas en nuestro país por estas cuestiones.
En el día de ayer en Galicia se realizaron marchas cívicas convocadas por el Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas, Traballadores de Residencias de Galicia (Trega) y familiares de usuarios en A Coruña, Ferrol y Lugo se celebraron al mediodía y en Santiago, Ourense y Vigo, a las 20 h; en todas ellas se reivindicaron servicios públicos de calidad en las residencias y mostraron su solidaridad con las víctimas del coronavirus en esos espacios.
