Antes de la llegada de la pandemia de la covid-19, España ya venía arrastrando un tremendo problema de desigualdad económica, empobrecimiento progresivo, desempleo y transformación galopante del que había y el poco nuevo que creaba, en empleo precario.
Esta situación, denunciada por activa y por pasiva por la izquierda, por los sindicatos, por entidades y movimientos sociales, era compartida por muchos expertos e incluso, por economistas tanto de una ideología como de otra.
Destacados economistas de corte capitalista, entre los que están premios Nobel de Economía como J. Stiglitz y el mismo P. Krugman, han criticado como erradas e insostenibles las políticas de recortes aplicadas a la crisis financiera que en su día asoló el sistema y cuyas consecuencias estaban provocando un estrangulamiento económico generalizado que devastaría al propio sistema capitalista, asfixiado por las políticas del neoliberalismo salvaje globalizado y llevándolo a su fin por la insostenible situación social creada.
Las razones que vienen argumentando quienes criticaron desde el principio las medidas tomadas frente a la crisis financiera que estrangularía la economía, eran que el empobrecimiento que supondría la socialización de las pérdidas, las bajadas de los salarios, la precariedad de las condiciones de empleo y la merma de los servicio de bienestar social, provocarían una caída de la demanda que arruinaría a muchas empresas y mermaría a su vez los ingresos del Estado y de la S. Social, conduciendo todo el sistema a una situación imposible.
Efectivamente, se ha constatado que no solo se arruinaron las familias y, con su falta de capacidad para el consumo, supuso la dificultad para las empresas y la desaparición de muchas; pero también se arruinaron los Estados y con ello, la capacidad de proteger a la ciudadanía a través de la acción de bienestar social y de dar soporte económico al empleo público. Las consecuencias de las políticas neoliberales son bien evidentes.
No hay que olvidar que ésta situación social ya era una realidad en 2019 y que una nueva crisis, peor que la anterior, venia anunciándose desde hacía tiempo. Ya entonces se planteaba como urgente la reversión de la Reforma laboral de 2012, cuando menos y de manera inmediata en sus partes más lesivas, con el fin de restaurar derechos de los trabajadores y aumento de su poder de consumo; pero también como medida para mejorar los ingresos del Estado y de la Seguridad Social.
Pese a que durante estos años de recortes en los que muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas tuvieron que cerrar por falta de consumidores que las sostuvieran, el hecho de asumir una carga impositiva alta soportada por los trabajadores y por este tipo de empresariado, también contribuyó al cierre. Sin embargo, tal como se jactó el Gobierno de Rajoy y admitieron las grandes empresas, las políticas de recortes no impidieron que los grandes empresarios prosperasen y lo mismo ocurriera con los bancos y las grandes fortunas. Ellos sí superaron la crisis. En efecto, con esas políticas austericidas hubo un altísimo crecimiento para algunos y también una pérdida de la clase media, salvándose básicamente la media alta pero cayendo al umbral de la pobreza la mayoría del resto.
Cuando las clases altas y las grandes empresas no quieren ni oír hablar de adecuar los impuestos progresivamente, en consonancia con lo que estipula la Constitución, y sus lobbies presionan al Gobierno para obtener subvenciones de dinero público, exenciones de impuestos y reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social, es fácil obtener beneficios; sobre todo con una mano de obra tan exprimida que cada vez nos recuerda más el esclavismo; para rematar, cuando sus beneficios tributan fraudulentamente o se van a paraísos fiscales y, en cualquier caso sus impuestos son inferiores a los de los trabajadores menos cualificados, ni ellos cumplen el mandato de nuestra Constitución ni el Estado puede cumplirla en su totalidad, por la falta de recursos que esas anomalías suponen.
Estas cuestiones no son exclusivas de nuestro país, pues el neocapitalismo global con sus ideas neoliberales a ultranza, trata de reducir la capacidad de los Estados a la mínima expresión, por un lado, no aportando cómo debieran al erario público y por otro, sustituyendo al Estado en la prestación de servicios que le son propios pero haciéndose con el dinero público destinado a los mismos y prestándolos en condiciones tan deficitarias, como se ha destapado recientemente en las residencias de ancianos regentadas por empresas privadas con dinero público, porque escatiman hasta lo inhumano los recursos para maximizar el beneficio.
Sin la pandemia, ya se hiciera evidente la necesidad de un cambio de paradigma. Con la pandemia se constató, y con más razón por las graves debilidades mostradas por el “divino” mercado, que un cambio radical es urgente y necesario.
