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Un patrimonio incalculable arrebatado al pueblo

La polémica por las inmatriculaciones está en el candelero y no son pocas las reclamaciones que están surgiendo al respecto, tanto por particulares en defensa de sus bienes que se apropió impunemente la iglesia católica, como desde diferentes organizaciones que reclaman la devolución del patrimonio histórico y cultural, y de aquellos bienes que eran de uso público del pueblo. 

Este verano, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, admitía que "quizá haya algún bien inmatriculado que sea discutible", pero lo atribuye a posibles errores y que "nadie lo recurrió"; tampoco hubo reclamaciones en los dos años posteriores en que podían hacerlo, asegura; pero lo que no cuenta es que todavía a día de hoy, se desconocen muchos de los bienes que la iglesia inmatriculó y no son pocos los propietarios que desconocen que la iglesia les arrebató sus bienes aún cuando disponen de todos los documentos que acreditan históricamente su propiedad. 

Cuenta Joan Casajuana, un agricultor catalán que un buen día descubrió que la casona familiar, la ermita románica y un pequeño cementerio ubicados ambos en una finca de su propiedad "desde hacía siglos", los había inmatriculado el obispo a su nombre, usurpando así los bienes que pertenecían a sus antepasados desde tiempo inmemorial, de modo que acudió al Obispado reclamando la propiedad y acreditando documentalmente tal pertenencia, (se invirtió la carga de la prueba); tras meses de litigios lo único que el obispo admitió en el acto de conciliación, a propuesta del registrador de la propiedad, fue que declarara que la casa y finca se habían inmatriculado por error, pero ni el templo ni el cementerio los devuelve porque se alega el derecho de custodia de los difuntos, pese a que la construcción, la rehabilitación y mantenimiento, jamás recibió participación alguna de la iglesia católica. 

Casajuana detectó que múltiples ermitas y cementerios privados de los payeses fueron inmatriculadas, alegando el Obispado haber cedido un sacerdote para la liturgia. Pero dice que esos bienes son solamente un 2 ó 3% de las inmatriculaciones; el resto forma parte del patrimonio histórico cultural de los pueblos, construido y pagado por los agricultores. 

Europa Laica denunció las irregularidades que el Tribunal de Cuentas detecta en la financiación de las religiones y exige la acción del Gobierno

Esta apropiación de edificios, casas rectorales, fincas y bienes de todo tipo es el modus operandi que se repite en todo el Estado. La Generalitat de Cataluña acaba de hacer pública la relación de bienes inmatriculados que incluye 3.722 propiedades, entre los que figuran 1.518 terrenos y 349 edificios civiles. 

Como quiera que la CEE empieza a ver peligrar lo usurpado, el portavoz Luis Argüello propone "revisar juntos" los asuntos que han aparecido en los últimos años: matriculaciones, impuestos y recomendaciones del Tribunal de cuentas. "Creo que administraciones públicas, Iglesia y sociedad, estamos llamados a ponernos de acuerdo en cómo mantener un patrimonio tan impresionante". 

Eso sí, deja muy claro que las Diócesis lo han hecho muy bien y que "en caso de reformas, la Iglesia desea que se respete su condición de entidad colaboradora en el bien común, que desarrolla y cumple fines sociales que merecen ser reconocidos y promovidos, también fiscalmente". Esa es la forma en la que se abre a la negociación sobre fiscalidad anunciada para este mes de septiembre. Es decir, parece aspirar a otra componenda como con Aznar. 

No sorprende que la CEE empiece a mover sus hilos pues le van grandes intereses económicos en ello, por una parte por el valor de todo lo que ha inmatriculado y por otra porque ni rinde cuentas a nadie ni paga impuestos. 

Las cuentas de la iglesia siempre han sido opacas. El propio Tribunal de Cuentas, basándose en las Memorias de 2016-17 y 18, cuestiona si el Estado no se está excediendo en lo pactado para su sostenimiento, puesto que las Diócesis han tenido un superávit que suma 94,7 millones de €; es decir, más de 31 millones por ejercicio. Por eso dice que hay que tener un control más exhaustivo sobre las cuentas de la iglesia. 

En el ejercicio de 2019 la iglesia obtuvo el récord de recaudación por IR PF, (esa crucecita que 8,5 millones de contribuyentes marcaron en la declaración de la renta para la iglesia), alcanzando los 284,4 millones de €. Sin embargo los Obispos solo han cedido a Cáritas 21 de los 992 millones de € recaudados durante los peores años de la crisis. 

En 2018, la Mezquita de Córdoba recaudó por visitas de turistas 15,7 millones de €, del total de 16,5 millones ingresados, de los cuales el Cabildo dedica la mayor parte a inversiones financieras. En 2019 la recaudación por visitas aumentó un 5%. 

Europa Laica denunció las irregularidades que el Tribunal de Cuentas detecta en la financiación de las religiones y exige la acción del Gobierno y la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado. Desde luego resulta impactante en un Estado cuya Constitución lo declara laico.

Un patrimonio incalculable arrebatado al pueblo
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