SOBRE EL tema lo que no le cuentan a la gente es que actualmente no existe ningún fondo de pensiones privado que garantice ya no digamos beneficios, sino siquiera que el capital ingresado se mantenga intacto; tampoco se puede retirar, salvo escasas excepciones, (desempleo, enfermedad grave o muerte del titular), hasta cumplir la edad de jubilación y entre tanto, el dinero depositado está en manos de unos gestores que especulan con él pero que no podemos controlar su curso ni destino. Si nos dicen que está dando pérdidas toca creerlo. Si nos cuentan que lo que se desgrava de la declaración de renta ya es un beneficio, están ocultando que esa tributación tan solo está siendo aplazada y se aplica cuando se comience a cobrar la pensión.
Y si no hay beneficios, ¿por qué tanto interés de las corporaciones en gestionar el dinero de nuestras pensiones?. Podemos pensar que, o bien especulan con él y ganan grandes fortunas a nuestras espaldas, aunque no nos reviertan casi nada e incluso perdamos parte del capital depositado, o simplemente trabajan gratis para eliminar las pensiones públicas de la Seguridad Social; lo cual no parece tener sentido.
Llevan tiempo tratando de mentalizarnos sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones, sistema que sobrevivió antes de que se creara el Fondo de Pensiones que ahora están agotando. No lo olvidemos; cómo no deberíamos olvidar tampoco lo que dicen algunos expertos del Pacto de Toledo en el sentido de que dicho Fondo no se agota por el pago de pensiones únicamente y apuntan que se está dilapidando en tapar agujeros y mala gestión y consideran un desastre el hecho de que el Gobierno echara mano de él para comprar deuda pública española y salvar de la crisis a los bancos, a los que ahora Rajoy dice que no se les exigirá la devolución de los 60.000 millones de euros.
En otro orden de cosas, tampoco hay visos de que otro dinero procedente de estafas, malversación de fondos públicos y demás hazañas cotidianas de los poderosos, vaya a revertir a dónde debiera. Algunos economistas y autoridades expertas en Bienestar social apuntan a que si se corrigiera seriamente el fraude fiscal en España se recaudarían 90.000 millones de euros más al año.
Otro tanto ocurre con la economía sumergida; esa que elude toda obligación tributaria y hace que todo el gasto del Estado cargue sobre las espaldas de los contribuyentes que sí cumplen con sus oblaciones. Esa actitud altamente insolidaria que en otros países está muy mal vista y es denunciada por cualquier contribuyente ante el fisco, basada en el criterio de que es una estafa al que está al lado y paga rigurosamente sus impuestos.
El último informe de 2017 sobre las pérdidas por el fraude en la recaudación fiscal en España cifra en el equivalente al 2,5% de la economía española y atribuye un 5% de dicho fraude al correspondiente al IVA. No es extraño el resultado ya que con una economía sumergida estimada en 102.600 millones de euros en lo que va de año, se escatima la tributación del 16% del PIB nacional, según estudios del Consejo General de Economistas quienes lo atribuyen a la falta de conciencia y educación y la percepción de que el fraude está generalizado y señalan especialmente a los responsables políticos y a la dispersión normativa.
En el mismo sentido, Economía y Política denuncian ese agujero negro de nuestra economía. Según las cifras ofrecidas por el sindicato de técnicos de Hacienda y la Universidad Rovira y Virgili, la tasa del fraude ascendió desde 2008 al 25,6% del PIB, cifra que se aproxima más a los datos ofrecidos por informes de la UE sobre corrupción y fraude en la economía española, en torno al 30%.
Dos cosas son evidentes ante esta situación: la primera es una subida de impuestos a pagar entre el resto de los contribuyentes; la segunda, la dimensión moral sobre la que descansan los indicadores económicos y la conducta poco ejemplar por parte de las élites. A estas dos realidades hay que añadir la falta de voluntad política para enfrentarse a este problema. En el exterior no se entiende como en España se tolera la competencia desleal que supone que un millón de autónomos actúe en negro frente a más de tres millones que sí pagan.
Y visto esto, ¿ piensa usted que la única vía para salvar las pensiones públicas es reducirlas, congelarlas y/o privatizarlas?. Yo diría que es un problema que tiene más que ver con gestionar con ética y respetar los principios y derechos de nuestra Constitución.
