España sigue apostando por el uso de sustancias prohibidas como tóxicos agrícolas pese a ser reprendida repetidamente por la UE porque pone en riesgo la salud de los ciudadanos y en muchos casos, también la supervivencia de la flora y la fauna de las zonas dónde se aplica.
Hace poco el polémico clorpirifós, registrado como insecticida por la multinacional Dow Chemical y clasificado como disruptor endocrino aparecía en la cesta de la compra en nuestro país con cuatro formulaciones diferentes en 40 productos de consumo habitual, destacando su presencia en los cítricos. Muchos países ya lo tienen prohibido y está prevista su prohibición en toda la UE en 2020.
Actualmente, 14 países europeos se oponen a España en un intento de que prevalezca el derecho a la salud de los ciudadanos y la conservación del medio ambiente frente a los intereses económicos. En este caso, el debate en la UE está en torno a la sustancia tóxica 1,3-dicloropropeno.
Este plaguicida elimina toda vida orgánica presente en el medio que pueda competir con los productos agrícolas que se quieran cultivar, es decir que hace un barrido que elimina tanto a posibles parásitos cómo a otros agentes beneficiosos; esta razón, junto con los resultados de la investigación llevada a cabo en el año 1999 por la Agencia para la Investigación del Cáncer que lo catalogó como posible carcinógeno en humanos, supuso su prohibición en Europa en 2007.
El 1,3-docloropropeno continúa utilizándose en España, pese a que estudios de la Universidad Politécnica de Madrid han insistido en que el empleo de la luz solar era tan efectiva como esa sustancia a la hora de desinfectar el medio, existiendo además otros productos químicos cuyo uso está autorizado y poseen una eficacia del 74%, sin destruir la vida orgánica del entorno en que se utilicen.
Según el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, España hace un mal uso de las autorizaciones excepcionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contenidas en el artículo 53 del Reglamento de la CE nº 1107/2009, justificando que la cloropicrina y el 1,3-dicloropropeno constituyen el único producto capaz de sustituir con eficacia al desaparecido bromuro de metilo, afirmación ya rebatida por la Universidad mencionada y por la organización Ecologistas en Acción.
Pese a que el recurso interpuesto por la multinacional no solo fue rechazado si no que la UE prohibió definitivamente el uso del 1,3-dicloropropeno por las razones expuestas, la multinacional ha vuelto a la carga para que se retire la prohibición alegando que había mejorado el método de producción y depurado impurezas, afirmación que ha sido rebatida por los nuevos informes de varios países europeos, pero aún así y pese al informe desfavorable de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y a la oposición de 14 países, se ha vuelto a iniciar la evaluación de este tóxico con el fin de volver a autorizarlo.
Ecologistas en Acción denuncia que España "está perdiendo el tren europeo en materia de agricultura y gestión de plagas" y en este caso olvida que se trata de una sustancia que contaminará los acuíferos y causará la desaparición de flora autóctona e incluso fauna, porque además de la muerte de insectos también pueden morir las aves.
La UE recomienda utilizar métodos de cultivo menos lesivos para la salud y el medio ambiente y recurrir a los métodos biológicos, la solarización de la tierra, el barbecho y la rotación de cultivos; pero a las grandes corporaciones solo les interesa sacar el máximo beneficio económico y sus cabilderos presionarán a los políticos de turno para que se pronuncien a su favor. Los informes aconsejan la prohibición. La decisión ya la conoceremos.
