Opinión

¿Quién marca la agenda?

Independientemente de lo que pueda opinar cada cual, hay coincidencia en que el sistema de elección de jueces y fiscales en España, adolece de una serie de puntos débiles que requieren corrección

DECÍA ELPIDIO Silva, el juez que resultó inhabilitado por la detención de Blesa, que si por alguna razón quería que lo absolviesen en su momento era para evitar la vergüenza, como español, caso de que su situación llegase al Tribunal Europeo, porque cuando examinaran la causa que había contra él sería como una película de Berlanga.

Manifestó en varias ocasiones que dudaba de que realmente la agenda que mandase fuera la judicial; se preguntaba en abril de 2015 si no era la agenda política la que terminaba convirtiéndose en la agenda judicial. Cuestionaba la independencia judicial y la autonomía del ministerio fiscal.

En otra ocasión, en una rueda de prensa en Vigo, como líder del Movimiento Red, afirmó que la detención de Rodrigo Rato y el modo en que se hizo, no era necesaria; lo decía por el modo en que se produjo el arresto, no porque considerara que no merecía prisión. En su opinión se había tratado más de un efecto estudiado de cara a las elecciones que de un interés real de erradicar la corrupción.

Silva estimaba que si se había detenido a Rato, y de ese modo, era porque podía ser útil al PP la detención del ex vicepresidente del Gobierno de Aznar, pero que no pasaba de un intento de demostración de regeneración política en la que él no creía. A propósito de esa detención señalaba que no era creíble porque al frente de Caja Madrid estuvo Miguel Blesa "que hizo cosas similares o peores" y sin embargo su investigación le costó a Silva 17 años de inhabilitación. En su opinión, la diferencia entre uno y otro era que Rato "es el mentor de sí mismo" dentro del PP mientras que Blesa tenía protectores que "prácticamente lo blindaban de una impunidad vergonzante que es capaz de barrer todo el aparato judicial".

Recientemente, la jueza Mercedes Ayala, instructora de la causa de los falsos Eres en Andalucía, manifestaba una dura crítica a la falta de independencia judicial en el contexto de una conferencia en la Facultad de Derecho de Granada, organizada por el Foro para la Concordia Civil, cuyo título versaba sobre La independencia judicial en una sociedad democrática.

Ayala lamentaba las injerencias del poder político en la actividad judicial, lo que supone un ataque contra la división de poderes. Tampoco dejó libre de críticas a la prensa, cuyos Consejos de Administración "están copados por políticos". En palabras de la conferenciante, "los jueces están solos ante el peligro", y considera que existe una grave pérdida de su independencia. "Hay una justica para poderosos y hay una justicia para los que no lo son", causada por la jerarquización a la que está sometida la justicia y que merma la independencia de jueces y fiscales porque los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial o del Fiscal General del Estado hacen que lleguen más lejos los que mejores relaciones tengan con los políticos, sean o no los más capacitados, con lo que "no hay el menor atisbo de posibilidad de actuación al margen del que está por encima", dice. Para evitar la pérdida de independencia frente a procedimientos sensibles de padecerla, estima que la solución para que puedan llegar a buen puerto está en las acusaciones populares. Independientemente de lo que pueda opinar cada cual, hay coincidencia en que el sistema de elección de jueces y fiscales en España, adolece de una serie de puntos débiles que requieren corrección. Así lo señaló también el Grupo de Estudio contra la Corrupción, (Greco), que chequea y evalúa la implementación de recomendaciones destinadas a erradicar comportamientos poco éticos y, según su último informe sobre España, el Consejo de Europa denuncia que cuatro de las once recomendaciones han sido ignoradas y apenas se avanzó en el resto con respecto a 2016, por lo que otorgó a España un suspenso en anticorrupción.

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