LA UE apuesta por privatizar las pensiones en lugar de fortalecer el sistema público actual, al que pretende liquidar. Para este objetivo plantea la aprobación de un megaplan de pensiones individuales que apuesta por el ahorro privado de cara a la jubilación.
Mientras la Mesa Estatal volvía a pedir el blindaje constitucional de las pensiones elevándolas a la categoría de derecho fundamental prohibiendo su privatización y manteniendo el poder adquisitivo y presentaba en el Ateneo de Madrid el tercer manifiesto Blindemos las pensiones, en la UE la Comisión planea crear un nuevo tipo de pensión individual y, teóricamente, voluntaria. Estos productos, (PEPP), complementarán las actuales pensiones de jubilación, que son individuales y proceden del Estado, pero no sustituirán los sistemas nacionales de pensiones, ni los armonizarán; además los PEPP se podrán transferir de un Estado a otro si se traslada el trabajador.; es decir, "los proveedores de PEPP dispondrán de un pasaporte de la UE para facilitar la distribución transfronteriza".
Existe un gran interés por parte de la UE en que se apruebe de inmediato este megaplan de pensiones privadas porque el proyecto de la Comisión es que con él canalizarían el ahorro privado, con vistas a largo plazo hacia un mercado único de capitales en la UE, con el que pretenden desbloquear la financiación y canalizarla desde los ahorradores privados hacia las empresas. Las empresas que se beneficiarán de este negocio son compañías de seguros, bancos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión y gestores de activos. A ellas irán a parar los ahorros de los trabajadores. De las garantías de su gestión ¡qué les vamos a contar!. Ejemplos tenemos múltiples y de los planes de pensiones privados, lo único que está garantizado es que hay que prepararse para asumir pérdidas. Infórmense de la rentabilidad y garantías y ustedes verán de qué estamos hablando, sobre todo, pregunten a quienes tengan uno de esos planes a ver cómo le ha ido.
Cómo en la actualidad solo el 27% de los ciudadanos de la UE, de edades comprendidas entre los 25 y los 59 años, adquirió un plan de pensión privado, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento que será de obligado cumplimiento para los Estados miembro.
Contra este proyecto de los PanEuropean Personals Pension Product, M.ª Lidia Senra Rodríguez presentó el pasado día 2 de julio la petición de que la Comisión retire esta propuesta y demanda que, en su lugar, se elabore una propuesta para fortalecer los sistemas públicos de pensiones y se garanticen a todas las personas de la UE, e insta además a establecer junto con los Estados miembros un porcentaje del Producto Interior Bruto para el gasto en pensiones; este porcentaje estaría en función de la población mayor de 65 años. También alienta a la Comisión a estudiar la posible aplicación de un sistema público de pensiones en Europa.
Otro de los aspectos a vigilar es la propuesta de planes complementarios de Seguridad Social y aportación privada, para los que se apunta la sugerencia de que todas las aportaciones en su conjunto sean gestionadas por la empresa privada.
Entre las consideraciones que hacen a la Comisión M.ª Lidia Senra y Miguel Viegas, destacan que la innovación financiera ha sido la causa de la violenta crisis económica de 2007 en los países capitalistas desarrollados y que, la innovación financiera no garantizará las pensiones futuras sino que contribuirá a la acumulación de capital en busca de valoración y a la inestabilidad financiera, como ya se ha visto que provoca la financiarización de la economía capitalista mundial; resultaría un despropósito y una irresponsabilidad la sugerencia realizada por la Comisión Europea, puesto que se invertiría en instrumentos derivados de altísimo riesgo con alta probabilidad de severas crisis financieras nuevamente.
Es vergonzoso que, visto el resultado de la desregulación financiera, la Comisión Europea proponga nutrir los instrumentos derivados a través de la promoción de fondos privados de pensiones. Olvidan que Alan Greenspan, que fue presidente de la Reserva Federal de EE. UU, afirmó en su momento que “ aunque sabía que muchas de estas prácticas se llevaban a cabo, no tenía idea de lo significativas que habían llegado a ser hasta que era demasiado tarde”. Ahora todos conocemos el resultado porque ya lo hemos padecido en carne propia y no es de recibo que se conduzca a los trabajadores hacia estos planes para cuyo discernimiento sobre los riesgos unos no están preparados y, aún siendo conscientes de los riesgos, no podrán incidir sobre su discurrir.
Tampoco es de recibo que quienes deben gobernar protegiendo los derechos de los trabajadores no se involucren en defenderlos y procurar el futuro de sus pensiones en lugar de permitir y en el peor de los casos, apoyar, los despropósitos que se están fraguando. Cómo dice la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas, “En los últimos 10 años se han detraído 150.000 millones de euros a la Seguridad Social”, y ese dinero se gastó en pagar al personal que gestiona la Tesorería y el Instituto Nacional de la Seguridad Social y sus instalaciones, haciéndolo con el dinero de las cotizaciones en lugar de pagar esos gastos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como sucede con Defensa, Educación y demás servicios públicos.
La propaganda de planes privados por un lado, obligando a los Estados a deducciones fiscales para ellos y el vaciamiento solapado de la S. Social por otro, junto con el continuo mensaje de la insostenibilidad de lo público, contribuye al objetivo del expolio financiero anunciado.
