LO PRIMERO que no debemos olvidar para entender lo que está pasando con el sistema de pensiones es que la reforma de 2013 llevada a cabo por el Gobierno del PP es prácticamente idéntica a la propuesta a la comisión de expertos compuesta por 12 miembros de los que 9 pertenecían al sector bancario o al de seguros privados, cuyos intereses en ambos casos necesitan que se debilite considerablemente el sistema de pensiones públicas para entrar a hacer ellos su negocio especulativo con las pensiones privadas.
En este punto conviene tener en cuenta que ningún plan de pensiones privadas garantiza el dinero invertido y que el riesgo de perder dinero es altísimo porque los gestores invierten en productos financieros de alto riesgo y además, los gastos de gestión que cobran, (el 1,5 %), se come la mayor parte de los beneficios en caso de que los hubiera. Por otra parte, el titular de la pensión privada tiene poca o nula capacidad para poder determinar y mucho menos probar que las pérdidas o ganancias que adjudican a su plan de pensiones se ajustan a la realidad. Lo cierto es que prácticamente la totalidad de los planes de pensiones privadas que existen, declaran pérdidas.
Las pensiones públicas son el mayor logro de la sociedad del bienestar porque garantizan al trabajador un medio de vida digno al final de su vida laboral cuando ya no se encuentra en situación de trabajar e incluso, en muchos casos, sus necesidades pueden aumentar debido a las deficiencias propias de la edad.
Pero si las pensiones se congelan y pierden poder adquisitivo porque ni siquiera suben al nivel del IPC, el empobrecimiento sobrevenido en poco tiempo por dicha causa representa un duro golpe para la economía de los pensionistas. Si a esto añadimos la aplicación de un coeficiente reductor tan opaco como el "coeficiente de sostenimiento", la inseguridad jurídica y económica de los trabajadores al final de su vida está servida. Por eso se manifiestan los pensionistas en las calles, para mantener unas pensiones dignas.
Dice Borja Suárez Corujo, profesor de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social y miembro de Economistas frente a la crisis que "aunque en este país da mucho miedo subir impuestos, la gente lo entendería si es para blindar las pensiones" y que, "la crisis ha demostrado que la política de pensiones ha sido un éxito, es lo que ha aguantado". Y si no, que se lo pregunten al Estado, a ver con qué dinero se compró la deuda española cuando nadie la quería, quién sostuvo a hijos y nietos que se quedaron sin trabajo o en precario con la crisis financiera y la reforma laboral; eso por no hablar de cómo se rescató a los bancos y luego se les perdonó la deuda, pese a que ellos continuaron con los desahucios sin miramiento ni piedad con nadie.
La propuesta de Suárez y de otros economistas es reforzar el sistema con ajustes, pero preservando el modelo actual. Dice que pensar en que las pensiones públicas van a desaparecer "es como pensar que a lo mejor dentro de 30 años no hay democracia". Lo que ocurre es que el sector financiero pretende que se desmantele el sistema actual y se cree un sistema en el que convivan pensiones públicas de miseria con pensiones privadas y, a ser posible, entrar con su negocio incluso a la gestión de ambas; de ese modelo de gestión de las pensiones ya conocemos el estrepitoso fracaso en Chile y Argentina, dónde los fondos de la Seguridad Social se esfumaron "inexplicablemente" en manos de los gestores.
De lo que ahora se trata es de meternos miedo, insistiendo en que el sistema público no será sostenible, para que la gente que maneja cierto margen de ahorro comience a hacerse planes de pensión privados, planes que ningún trabajador en precario podrá plantearse y que, conviene recordarlo, lo único que tienen garantizado es el descuento permanente por los gastos de gestión.
Hay alternativas al sostenimiento del sistema actual de pensiones públicas sin necesidad de devaluarlas estrepitosamente como se pretende. Del análisis y las medidas para el sostenimiento versará la continuación de este artículo. (Partes II y III).
