EN SU DIA, la Ministra Fátima Báñez afirmó que las pensiones han sido "una garantía de renta en momentos de crisis"; por un lado porque el Fondo de Reserva de las pensiones sirvió a necesidades financieras del Estado y permitió el respaldo a otras entidades y por otro, porque el colectivo de pensionistas sostuvo a las familias afectadas por el desempleo y los recortes salariales que ya en 2016 había dejado a la mitad de los desempleados en riesgo de pobreza.
El sostenimiento de un sistema de pensiones públicas dignas y suficientes tiene que ver con el modelo de sociedad por el que se opte y va a depender del tipo de políticas económicas que el Gobierno ponga en práctica. Dependerá de que se apliquen políticas que respondan al Estado Democrático y de Bienestar Social que la Constitución proclama o por el contrario, de que continúen implementando las políticas neoliberales de recortes de los servicios públicos y privatización galopante.
Un estudio reciente realizado por Antonio González en Economistas Frente a la Crisis, en el que recoge datos de diversas fuentes entre las que figuran los de Seguridad Social facilitados por el Gobierno al Pacto de Toledo, considera que aún subiendo las pensiones conforme a un IPC estimado en el 1,8% y considerando que el punto crítico se estima en el año 2045, el gasto en pensiones llegaría en ese momento al 14% del PIB y a partir de ahí, volvería a bajar porque termina el efecto baby boom. Austria y Portugal ya están ahora entre el 14% y el 14,5%, Francia está en el 15% e Italia ronda el 16%. España está actualmente en el 11,7% del PIB, es decir, por debajo de la media europea que es del 12,3% del PIB lo que indica que las pensiones públicas españolas son viables, salvo que se apliquen políticas encaminadas a destruirlas.
Los demás países europeos vinculan la evolución de las pensiones como mínimo al IPC y la mayoría también a los salarios, al menos en parte. La recomendación de la OCDE es la revalorización vinculada a precios o a salarios, aunque reconoce que se deberían revalorizar conforme a la evolución de los salarios porque considera a los pensionistas trabajadores pasivos y que si solamente se tiene en cuenta el IPC, perderán poder adquisitivo. Claro que en España ni eso tenemos, además de todas las componendas que se han ingeniado para que ya se jubilen cada vez con más penalización en la cuantía final. Para las pensiones mínimas, la OCDE propone revalorizar con el IPC+0,5.
Todas las investigaciones que parten de informaciones próximas al Gobierno indican que la intención es que las pensiones permanecerán atadas al 0,25% hasta 2038 y, FEDEA extiende el plazo hasta 2060, según datos aportados recientemente por el profesor Borja Suárez Corujo.
Entre las reivindicaciones del movimiento de pensionistas, además de la revalorización, está la eliminación del factor de sostenibilidad, que si bien es cierto que ya estaba previsto en la anterior reforma de la Seguridad Social, se fijaba su aplicación a partir de 2027; pero el Gobierno ya propuso adelantar su aplicación con la reforma 2013, cuestión que suscitó un profundo rechazo y movilización de los pensionistas a nivel nacional en contra de la aplicación de un coeficiente opaco, que tanto el Gobierno del PP como el del PSOE ven con muy buenos ojos, pero técnicos y pensionistas son conscientes de la inseguridad y devaluación periódica que supondría su aplicación, convirtiendo las pensiones que con la revalorización actual están en una permanente situación menguante, en situación de permanente reducción automática de su cuantía.
España aplica la fórmula de sostenimiento más dura y opaca de la UE y olvida las recomendaciones de Economistas Frente a la Crisis y la propuesta de utilizar mecanismos más equilibrados, como hacen los franceses, que lo vinculan a los años de cotización exigidos para alcanzar el 100% de cuantía de la pensión. (Continuará en y III).
