NUESTRA REALIDAD es que hasta aquí la principal fuente de financiación para el sistema de Seguridad Social viene de las cotizaciones. Durante muchos años las cotizaciones financiaron pensiones, asistencia sanitaria, inmuebles, infraestructuras del Estado y, en algún momento también gastos de defensa y pensiones no contributivas. En los años de bonanza y pleno empleo no se depositaba dinero en el Fondo de Reserva para las pensiones, pese a que ya se había propuesto su creación en el Pacto de Toledo. Aún así, el Fondo de Reserva había acumulado algo más de 66.000.000 de euros antes que entrara el Gobierno de Mariano Rajoy.
El problema es que a día de hoy, la Seguridad Social continúa pagando con ingresos por cotizaciones gastos ajenos que en el caso de otros servicios públicos, (educación, defensa, etc.), se pagan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; hablamos de gastos de administración y personal de la Seguridad Social, gastos corrientes de bienes y servicios y de inversión; también los costes que suponen políticas laborales con reducciones de cotización, reducciones de cotización a sistemas especiales y tarifas planas, (en 2017 supusieron más de 2.000.000.000 de euros), o topes máximos de cotización cuya eliminación podría suponer al sistema entre 5 y 7000.000.000 de euros de ingresos según diversas fuentes. En resumen, si se eliminasen los gastos impropios que se están pagando con cotizaciones y que deberían correr a cargo del Estado, lo mismo que las políticas económicas de reducción de cotizaciones y se eliminaran los topes máximos de cotización, tendríamos unos 11.000.000.000 de euros más en el Fondo de Reserva, conforme a datos de varias fuentes y del Gobierno y la S. Social.
No se puede obviar el efecto de la reforma laboral de 2012 sobre el sistema de S. Social, la avalancha de EREs que supuso, las jubilaciones anticipadas, la precariedad salarial que representa menores ingresos por cotizaciones y también, los cambios productivos que está suponiendo la digitalización y la revolución industrial 4.0 en la que las cotizaciones van a sufrir, circunstancias que requieren un replanteamiento de la financiación de la S. Social, que no necesariamente tiene que ser un recorte de las pensiones.
Las nuevas formas de trabajo y en especial la robótica han de contribuir a paliar la merma de cotizaciones a la S. Social median te algún tipo de impuesto fiscal, de manera que los Presupuestos Generales del Estado complementen los ingresos a la S. Social. Actualmente, el Estado solo aporta los complementos de mínimos y las pensiones no contributivas; su aportación ronda el 8%, mientras Francia y Alemania lo hacen en el 20% o en el 25%. Si en España se contribuyera de forma similar, junto con las correcciones anteriormente apuntadas, no estaríamos hablando de déficit como nos recalcan a diario.
Hemos oído por activa y por pasiva que la estructura fiscal en España requiere una reforma que corrija sus múltiples deficiencias. En este sentido la GESTHA viene advirtiendo del problema e indicando soluciones desde hace tiempo. Alberto del Pozo asegura que es posible una mejoría sustancial de la recaudación fiscal sin necesidad de subir los impuestos a la inmensa mayoría. No es normal que nuestra recaudación fiscal esté en el 34,6% cuando la media europea es del 41,5% y sobre todo, existe una anomalía en cuanto a la procedencia de la recaudación actual. Un ejemplo lo representa una gran empresa española que teniendo unos inmensos beneficios constatados paga un impuesto similar al IRP F de un trabajador de la automoción.
El problema en España no es que las pensiones sean insostenibles. El verdadero problema está en las razones expuestas y en que el crecimiento del PI B no repercutió en una redistribución justa de los beneficios y la clase trabajadora es la que soporta prácticamente todo el peso de los impuestos y los costes de las políticas económicas de empleo, sin que mejoren sus salarios ni las condiciones laborales ni cesen los recortes en sanidad, educación y políticas de bienestar social.
