Opinión

Caballero, a sus zapatos

EL ARTÍCULO 137 de la Constitución Española versa lo siguiente: "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. El artículo 140 de la CE, puntualiza: ”La Constitución garantiza la autonomía de los municipios…”. Por otra parte, Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 2 referencia a esa misma autonomía de los Entes Locales, y específicamente en su artículo 4.1.b) especifica las potestades tributaria y financiera.

Efectivamente en base al principio de unidad y solidaridad que garantiza la Constitución Española y con relación a lo dispuesto en varias sentencias del Tribunal Constitucional, autonomía no significa soberanía, pero esta autonomía no tendría sentido alguno si los órganos representativos de la comunidad local no tuvieran las potestades necesarias para su ejercicio (SSTC 84/1982, de 23 de diciembre; 170/1989, de 19 de octubre; 148/1991, de 4 de julio; 46/1992, de 2 de abril).

No voy a seguir con citas legislativas ni jurídicas, porque ni soy experta, ni este es el foro adecuado, pero sí quise dejar claros estos términos que son de obligado cumplimiento para que ustedes mismos juzguen lo que les voy a comentar a continuación.

Para ponerles en antecedentes: el pasado 3 de agosto se produce una votación en la asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias de un documento de Hacienda que permite a los ayuntamientos utilizar el superávit generado en los últimos años (cerca de 14.000 millones) mediante su cesión al Estado a cambio de recibir 5.000 millones de euros este año y el próximo, y de receptar el resto del dinero cedido en los próximos diez años. El Ministerio de Hacienda lograba aprobar este acuerdo por un solo voto, el de calidad del presidente, es decir, de Abel Caballero; el cual cumplimentaba el mandato recibido desde el Gobierno de España, y haciendo caso omiso de lo que él mismo había manifestado en la comisión para la reconstrucción de la FEMP, y que el pasado viernes el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela refrescaba la memoria ante otra afrenta a la autonomía de los entes locales desde la Diputación de Pontevedra personificada en el pacto entre PSOE y BNG,“Los ahorros de cada ciudad y de cada provincia, son de cada ciudad y de cada provincia”… ¡Maldita hemeroteca señor Abel Caballero!

Esto no gustó nada a la inmensa mayoría de los alcaldes de España, (incluso varios socialistas), que se revelaron desde el inicio para intentar paralizar la aprobación en el Congreso de los Diputados del tan llevado y traído Real DecretoLey 27/2020 sobre el “uso de los remanentes de los ayuntamientos”.

Y así, este pasado jueves en el Congreso (la casa de la soberanía popular), 193 diputados tumbaron el famoso real decreto ley de los remanentes en una derrota histórica, protagonizada por varios de los socios parlamentarios que llevaron a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno; pero la gravedad del asunto no se queda ahí, ya que el día anterior había sido aprobada en el Senado (la casa de los representantes territoriales del pueblo), una moción del Partido Popular contra dicho decretazo.

A mí no me cabe la menor duda que esta pandemia está acabando con las arcas del Estado, que ve la gravedad del asunto, el número de contagios que sube día a día, así como el número de parados y personas que dejan de estar afiliados a la Seguridad Social, es decir, los contribuyentes puros y duros, y ¡claro!, las cuentas no dan.

Pero la solución no es esta.

Señores y señoras del Gobierno de España, empezando por quien ha parido esta genial idea, la señora Mª Jesús Montero, no es atacar a los entes locales de esta manera apropiándose de los ahorros de todos y cada uno de los ayuntamientos españoles, que no sin esfuerzos y buena gestión, consiguieron reunir; y por si fuese poco hacerlo a golpe de Real Decreto Ley en un arrebato al que desgraciadamente ya nos tienen acostumbrados tal y porque yo lo valgo, después de haber criticado esta práctica (¡y de qué manera!) en gobiernos populares.

La preocupante falta de liquidez del Gobierno de España ante el crecimiento exponencial del gasto público debido al detestable Covid19, no puede ser atenuado atacando los remanentes de los ayuntamientos, que quienes debieran de gestionarlos serían ellos mismos, con la consiguiente modificación para ello podrían hacer de la ley de Montoro, y no el avisarles que eso se va a quedar así como se ha hecho. Esas no son maneras de solucionar ese gran problema.

Yo les doy un ejemplo en el que se retratan todos los ministerios fútiles, y demás entidades y asesores sin control que han creado; como por ejemplo el de Consumo, ya que es increíble que para gestionar poco más de 23 millones de euros, lo que puede equivaler a una orden de ayudas gestionada por unidades administrativas de cuarto nivel hubiesen creado una estructura ministerial a su alrededor… El señor Iglesias con un 22% de los asientos en el Consejo de Ministros, solamente controla un 10% del presupuesto del Estado…Empiecen por ahí, porque esto es ¡de locos!

Como ciudadana española, le pido al Presidente Sánchez que se libre de las mochilas demasiado pesadas y contaminadas que porta en esta singladura, porque antes que las siglas que defiende, e incluso el puesto que ostenta, están las personas y el solucionarle los problemas, que pocos no son en estos momentos.

Y con esto finalizo, y lo hago con una referencia especial al que inició esta idea descabellada, al señor Abel Caballero, que la ha liado parda. España no está para bromas, y humildemente le pido sentidiño y responsabilidad, porque las consecuencias hay que asumirlas, al tiempo que con todo el respeto le digo, Caballero, a sus zapatos.

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