USTEDES son conocedores de las frecuentes consultas que hago al sabio refranero español; pues bien, porque “de buen nacido es ser agradecido”, y el gran trabajo bien hecho que el ex presidente del Gobierno de España y del Partido Popular, Mariano Rajoy desarrolló desde todas sus responsabilidades hacia la ciudad que le vio crecer como político y como persona, se le reconoció el pasado viernes con más de mil personas abarrotando el auditorio, las escaleras y el hall de ABANCA Fundación en Pontevedra. Esa ha sido la manera de corresponder hacia la ofensa pretendida por otros.
Recuerdo con gran aflicción el día 22 de febrero de 2016, cuando el pleno del ayuntamiento de Pontevedra, del cual él fue concejal, le declaraba “persona non grata” en esta su ciudad. Todo ello siguiendo escrupulosamente cada uno de los pasos del guion previsto y materializado con los votos a favor de PSdeG-PSOE y Marea -impulsores de esta iniciativa- y el apoyo de los ediles del BNG.
He de decirles que el nombramiento de “persona non grata”, solo puede ser utilizado desde un punto de vista legal en diplomacia como figura jurídica que nace en el ámbito de las relaciones internacionales, que además se encuentra regulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961. Bien es cierto, que emulando a esta declaración no han sido pocas las que han salido desde otras instituciones como por ejemplo los ayuntamientos; aunque estas últimas, se acercan más a un “vodevil” que de un dictamen de un Pleno municipal. En fin, pueden seguir con estos “paripés”, pero lo cierto es que fuera del contexto internacional, carece de legalidad al no existir una ley que expresamente les habilite para ello.
En Pontevedra, esta pantomima mediática y sin valor jurídico alguno, aunque sí moral por el agravio y consiguiente daño personal que conlleva (aunque no debemos olvidar que daña quien puede no quien quiere), tuvo su origen en un tema cadente tres años después; la prórroga que el gobierno del entonces presidente Rajoy concedía a la permanencia de ENCE en Pontevedra.
Estos pasados días hemos sido partícipes de la intención del Gobierno socialista de España, que suma y sigue a la intención del municipal del BNG, para hacer efectiva la interrupción de la prórroga de la permanencia de la papelera en la parroquia pontevedresa de Lourizán, tomando como base el escrito del abogado del Estado que remitía a la Sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, al sostener que dicha moratoria en la concesión a ENCE en la ría de Pontevedra en enero de 2016 por el Gobierno en funciones del PP no fue “conforme a derecho”.
Vamos por partes. En primer lugar, Pontevedra no está en condiciones de perder un gran foco generador de empleo que supera, incluso a sus límites territoriales y de promoción económica debido al área de influencia que conlleva este establecimiento industrial, así como a los sectores implicados.
En segundo lugar, ahí está la declaración que hacían desde la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Villagarcía, además de la del presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra y de otras asociaciones empresariales que al inicio del mes de abril, comparecían para advertir de las “graves repercusiones” que se derivarían de la anulación de la concesión de la pastera en Lourizán; y que yo me sumo a ellas además de las hechas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, que serían desastrosas para el sector forestal gallego, e incluso si vamos a la especificidad de la ubicación, muchas conserveras gallegas (importantísimo sector económico en Galicia), tendrían muchos problemas adicionales.
A cualquier persona con olfato, vista y un mínimo de razón funcional, estética urbanística y sensibilidad medioambiental, cuando menos, le choca la ubicación de ENCE Pontevedra; yo creo que una inmensa mayoría de pontevedreses estamos de acuerdo. Pero en otro orden de cosas, el ¡NO PORQUESÍ!, de “los de siempre”, no me vale a estas alturas, ya que como poco me parece irresponsable e incluso mezquino; porque tiempo han tenido de sobra a lo largo de sus casi 20 años al mando del consistorio pontevedrés, de comenzar un plan estratégico de activación y promoción económica alternativo y a medida, para que Pontevedra no se convierta en una ciudad apocalíptica.
Hay que pensar en grande, como lo hizo Rajoy desde que era concejal de este ayuntamiento, hasta que llegó a presidente del Gobierno de España, como decía en un vídeo que antecedía a su presentación un buen amigo de siempre Matías de Cabo.
En esa misma proyección Rafa Domínguez puntualizaba lo que yo ya he escrito en multitud de ocasiones, los proyectos específicos que Rajoy materializó en Pontevedra ciudad como el cuartel de la Guardia Civil, la ampliación del Museo, y la restauración de la Basílica de Santa María.
Mención aparte necesita otra de sus consecuciones siendo ministro, el Plan Urban, el inicio de la peatonalización de nuestra ciudad. Todo empezaba en abril de 1997, cuando el entonces alcalde Juan Luis Pedrosa, (al que se lo debemos, aunque lo hubiesen sabido vender muy bien los gobiernos del BNG), volvía esperanzado de Madrid tras haber pasado un “examen” con expertos de la Unión Europea para convencerles, como así fue, de invertir los fondos europeos en Pontevedra. Al principio llegaron 1.155 millones para el casco viejo, aunque al final la inversión resultó ser cerca 2.151 millones. Ello hizo posible la reconstrucción del Mercado, así como la compra de edificios del pazo de Mugartegui, la Casa das Campás y la Casa Azul.
Estas son algunas de muchas de las cosas que hay que agradecerle a quien llegando tan alto, nunca olvidó la ciudad que creció con él.
Sin duda alguna, la Historia le dará a Mariano Rajoy el lugar que se merece; no obstante, y hasta entonces, el viernes pasado muchos pontevedreses lo fueron perfilando en un emotivo acto de debido desagravio
