DE TODOS era sabido que tras la crisis sanitaria nos íbamos a encontrar con otras dos de grandísimo calado e unidad de forma indisoluble la una a la otra, me refiero a la crisis económica y la crisis social.
Desde el punto de vista económico, y según datos del Ministerio de Economía del Gobierno de España, entre los meses de febrero a abril en nuestro país, más de 60.000 empresas entrarán en concurso de acreedores y 800.000 personas se quedarán sin empleo; lo que va a repercutir, entre otras variables, en la reducción del consumo por falta de recursos. Un ejemplo lo tenemos en el desplome en las ventas del sector textil español que se hunde un 73% en mayo tras la reapertura del comercio, lo que anticipa una oleada de cierres.
Esta crisis económica se podría mitigar con cambios legislativos, como por ejemplo, a favor del precio de la energía (eso permitiría que las miles de personas y familias que de forma directa o indirecta dependen de Alcoa no se vean en la calle) o la modificación de la imposición tributaria fija a la proporcional en Pymes y autónomos según sus beneficios etc. Yo lanzo alguna posibilidad, pero eso lo dejo en manos de quien corresponde, tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, eso sí, rogándoles a TODOS que piensen en la gente antes que en su interés partidario, además de invitarles a que abandonen la crispación la cual no ayuda nada a la estabilidad económica, y desde luego bien poco a la atracción de inversión extranjera. Incluso me atrevo a decir que no es nada aconsejable en el entorno de la Unión Europea en donde los socios del norte no nos ven con buenos ojos. Por todo ello tenemos que dar ya un ejemplo de “estabilidad decisoria”; cuestión que durante este estado de alarma ha brillado por su ausencia en quien ostentaba la competencia de gobernar. Aunque soy de las que apelan al buen juicio de la Vicepresidenta Calviño, la única que puede poner sentido común en todo esto, ya que de ello sabe y mucho.
La hemorragia de pobreza social que provoca la crisis económica que estamos viviendo, nos deja a diario imágenes tremendas de interminables colas “de hambre” y situaciones de primera necesidad en personas y familias que hasta antes de la crisis sanitaria del Covid-19 eran trabajadores al uso, (y no pocos con unos salarios más que aceptables); siendo hoy muchas de esas personas las que ahora se ven abocados a acudir a instituciones sociales a buscar las raciones diarias de comida que desde ellas les dispensan, sin hablar de las facturas a las que deben hacer frente y que los ahogan; e incluyo a los que trabajan y no les llega su salario para hacer frente a los pagos tras el parón de su actividad por el necesario confinamiento, así como a los que están sumidos en un ERTE que aún no han cobrado del Gobierno de España, y jubilados y pensionistas que no dan abasto con una mensualidad indigna ante los años que han trabajado ayudando a levantar este país. Por todo ello veo más que necesaria la adopción de medidas de urgente necesidad, y quizá la “renta mínima vital” que se votaba en el Congreso de los Diputados con una muy destacada mayoría este pasado jueves sea una de ellas, pero no “la cura milagro”.
La “renta mínima vital” que define el artículo 1 del Real Decreto que la establece, dice de ella que es “… una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas…cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas”; efectivamente aquí está el “primer auxilio”, pero éste debe ir seguido de un tratamiento efectivo, complementario y riguroso para la sanación total. Así, esta medida necesaria y urgente, tendría que ir acompañada de otras como por ejemplo, simplificar el sistema de rentas mínimas evitando el solapamiento entre prestaciones de diferentes administraciones (que no la complementariedad), como las de las CCAA ; y recomendando al mismo tiempo su añadidura con las posibilidades que ofrecen las políticas activas de empleo, para ayudar a estas personas en situación de especial vulnerabilidad el progresivo acceso al mercado laboral y su derecho al trabajo en marcado en lo que estipula el artículo 35.2 de la CE de 1978.
Y si hubiere un espejo al que mirar desde Madrid, he aquí el ejemplo de Galicia en donde ya contamos con la Renta de Integración Social (RISGA) desde su regulación a través de la “Ley 9/1991, de 2 de octubre, gallega de medidas básicas para la inserción social”, siendo una apuesta decidida desde el gobierno del entonces presidente Manuel Fraga, que ponía en funcionamiento a través de la consellería de Manuela López Besteiro, siendo desde hace 29 años una ayuda que ha sacado adelante, y lo sigue haciendo, a miles de familias gallegas. Pero la importancia y necesidad de la RISGA reclamó un “tratamiento de mejora”, y así en 2010 la Xunta elevaba una propuesta a la Mesa del Diálogo Social con el apoyo unánime de todos y cada uno de sus miembros, ya que cuestiones como ésta necesitan de la aportación de todos, en especial cuando lo que se busca como objetivo final es la reintegración social y la rehabilitación laboral, como en el caso gallego. Así este proceso se vio materializado 3 años después en la “Ley 10/2013 de 27 de noviembre de inclusión social de Galicia”, aprobada mayoritariamente en el Parlamento gallego, siendo considerada hasta la fecha la ley más avanzada de entre todas las CCAA de España.
Por ello apunto al ejemplo del funcionamiento en nuestra comunidad autónoma, ya que la RISGA va unida a las distintas posibilidades que ofrecen las políticas activas de empleo, como por ejemplo la orientación laboral y el diseño de itinerarios formativos personalizados, así como las distintas línea de incentivos a la contratación para las personas que se encuentren en esta situación marginal; cuestión que considero necesaria y que debía de acompañar en todos los casos, al tiempo que deberían ser las CCAA , y en este caso la gallega vista la calidad en su gestión a lo largo de casi tres décadas, la que gestionase directamente esta “renta mínima vital”, tal y como ya se está haciendo en otras comunidades como en Euskadi, Cataluña o Navarra.
El primer auxilio está hecho. Hagamos posible entre todos que los siguientes pasos lleven a quienes más sufren, a su reinserción social y laboral a las que tienen derecho y a las que les dignifique como personas. No nos quedemos con un vendaje compresivo, cuanto existe la posibilidad de curar, y completar la cura con un buen plan de rehabilitación.
