Más de la mitad de los parados supera en España los 45 años y, de ellos, el 56% —esto es, unas 890.000 personas— lleva más de un año en busca de una oportunidad en un mercado laboral en el que la necesidad de actualización de los conocimientos es constante y en un escenario que para muchos se vuelve hostil a medida que se van cumpliendo años y sumando responsabilidades familiares.
Lejos de mejorar, la empleabilidad de los profesionales ‘sénior’ y de los que comienzan a peinar canas ha empeorado pese a los sucesivos planes de las administraciones para combatir una lacra, la del desempleo, que a esas edades tiene implicaciones negativas sobre la pensión futura y puede arrastrar a la exclusión social. La prueba de que algo falla es que mientras al cierre de 2007 —cuando la tasa global de paro no llegaba al 9%, frente al 12,9% actual— los desocupados de larga duración que rebasaban los 45 eran el 39%, hoy ya son más de la mitad.
¿Qué falla? El último informe del Servicio Público de Empleo Estatal refleja que el perfil del parado a partir de esas edades tiene, mayoritariamente, rostro de mujer (59,6%), que tres de cada diez se encuentran entre los 55 y los 59 años y que los que carecen de formación o solo han rematado los estudios primarios o la secundaria obligatoria son el 69,3%. Apenas el 13% tiene Formación Profesional y poco más del 8% dispone de un título universitario, lo que sin duda elevaría sus opciones.
El Sepe, que constata que «las posibilidades de encontrar empleo se reducen cuando aumenta el tiempo de permanencia como demandante», señala que más de 684.00 desocupados mayores de 45 llevan ya más de dos años sin un contrato.
En cuanto a la cobertura pública, estos desempleados copan el 61% de las prestaciones, en su mayoría de tipo asistencial al haber agotado las ayudas de carácter contributivo.
¿En qué actividades encuentran alguna salida? El servicio doméstico es una de las más destacadas. En 2022, el colectivo copó el 55% de los acuerdos laborales registrados. También destacan la administración pública (48%), la construcción (46%) y los servicios a edificios y actividades de jardinería (43%). Eso sí, en cuatro de cada diez casos son requeridos para ocupaciones elementales. En cuanto a la duración de los contratos, la reforma laboral de 2021 que impulsó el acuerdo fijo-discontinuo para poner coto a la precariedad redujo la tasa de temporalidad en 2022 al 62% desde el 88,4% de 2021.
Ante esta realidad, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asumió esta semana el problema y avanzó un giro en las políticas activas de empleo de los jóvenes hacia los trabajadores de más edad. "Contrátenlos. Contraten a las personas paradas de larga duración y a los mayores de 45", afirmó el pasado martes Yolanda Díaz apelando a la buena voluntad del empresariado pese a que la relación del Gobierno con la patronal no es precisamente cordial. Por su parte, el Ejecutivo pretende aportar parte de la solución regando a las comunidades con una inyección récord de 2.800 millones de euros para políticas activas de empleo. Con esos fondos tocará desplegar medidas para aquellos que llevan más de un año apuntados en las listas del Inem.
A la vista del perfil que traza el propio Sepe y de la tensión añadida que supone el envejecimiento poblacional, está claro que mejorar la formación de los mayores de 45 e incentivar su reciclaje mediante itinerarios personalizados es uno de los grandes retos para un país que aspira a recortar sus elevados niveles de paro estructural. Otra gran tarea pendiente, año tras año, es la eficacia de las oficinas públicas de colocación, pues los asalariados que logran un contrato recurriendo a sus servicios no llegan al 2%, una ratio que a todas luces resulta inadmisible.
