HAN PASADO seis años desde que se iniciara la reestructuración de las cajas gallegas, un proceso convulso y tortuoso que costó 9.052 millones a las arcas públicas y que sacó a las calles a cientos de ahorradores indignados al verse obligados a cargar con parte del coste del rescate a través de la trampa de las preferentes. Mientras esto se gestaba, en 2011, con la fusión de Caixanova y Caixa Galicia haciendo aguas y el Estado ultimando la intervención, un grupo de directivos dejaba Novacaixagalicia con un más que cuestionable retiro de 19 millones. Tras un largo proceso judicial que arrancó en marzo de 2012 con la denuncia de un abogado coruñés, el lunes arranca el juicio que sentará en el banquillo a Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y el letrado Ricardo Pradas. Las esperanzas en que se depuren responsabilidades quedan ahora en manos de la Audiencia Nacional toda vez que las explicaciones que algunos rindieron ante el Congreso y el Parlamento gallego, donde en 2013 se creó una comisión de investigación cuyas conclusiones no han trascendido aún, se han quedado en papel mojado
