CON LAS COSTURAS de los bolsillos rotas por la inflación, planificar la vejez ha cedido posiciones en la escala de prioridades de más de uno. El CIS lo refrenda. Hoy por hoy, la crisis económica y el paro son los principales quebraderos de cabeza y las pensiones apenas preocupan al 1,7% de los españoles, que consideran que el mal comportamiento de los políticos y las cuitas internas de los partidos constituyen problemas de más peso para el país.
La mejora experimentada por las prestaciones en los últimos años es innegable. Basta ver que la pensión de jubilación media de los asalariados gallegos que se retiraron el año pasado rondaba los 1.400 euros tras experimentar un incremento del 14% desde 2011, el año en el que se aprobó retrasar la edad de retiro a los 67. En la última década, el nivel de vida se elevó alrededor de un 11%. La cosa también ha mejorado, un 19%, para los autónomos, aunque los nuevos jubilados de 2021 se las tuvieron que apañar con menos, 820 euros de media.
Pese a que el país ha logrado superar la histórica cota de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, en un sistema de reparto como el nuestro —que estriba en la solidaridad intergeneracional, de modo que lo que cotizamos quienes hoy estamos trabajando no se guarda en una hucha, sino que se emplea para sufragar las pagas de los pensionistas actuales— no hay que perder de vista que disponemos de 2,26 contribuyentes por cada beneficiario de una paga contributiva. En 2007 eran 2,6, por debajo de la ratio de tres cotizantes por pensionistas que algunos ven óptima. El problema es que la demografía nos dibuja un futuro negro. Si la tendencia no se revierte, en 2050 las proyecciones del Ine indican que el 31% de los españoles superará los 65 años, una edad a la que hoy ha llegado el 20%. Esto debe llevarnos a la reflexión, y más a los que vamos rumbo a los 40.
La sostenibilidad del sistema de pensiones en el medio y largo plazo preocupa a Bruselas, que ya ha avisado al Gobierno de que toca ir más allá del mecanismo de equidad intergeneracional. Recuerda que hay que seguir el calendario de reformas pactado a cambio de los fondos Next Generation y elevar las bases máximas de cotización, ajustar las cuotas que pagan los autónomos a sus ingresos reales y ampliar el periodo de cómputo para calcular la pensión más allá de los últimos 25 años de actividad profesional que se toman ahora como referencia, una medida que, en la práctica, busca reducir las prestaciones del futuro.
A falta de ver cómo lo resuelve el Ejecutivo en los próximos meses —algunas voces apuntan que sobre la mesa está tomar como referencia los últimos 35 años trabajados—, potenciar el ahorro privado es el otro gran reto.
En Galicia, donde el 82% de las familias son propietarias de su vivienda, la afición al ladrillo ha sido para muchos un valor refugio para la jubilación, en todos los sentidos. En cambio, menos de un 15% de los gallegos apuesta por planes de pensiones individuales que, según Inverco, acumulaban 4.242 millones de euros de ahorradores de la comunidad, una media de 10.600 euros por cuenta de partícipe.
El Gobierno, que ha restado atractivo fiscal a este tipo de productos, se propone impulsar los planes de pensiones de empleo, que en España alcanzan a poco más del 10% de los ocupados, según el Ministerio para la Seguridad Social. Para lograrlo, acaba de entrar en vigor el decreto cuya misión es promover la creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, que gestionará el sector privado, y potenciar las aportaciones de empresas y trabajadores. La meta es que los asalariados con rentas medias y bajas, los autónomos y las plantillas de pequeñas administraciones accedan a estos vehículos de inversión. Ahora, queda lo más difícil, pasar del BOE al terreno de la práctica.
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