AUNQUE PAREZCA un sinsentido, trabajar no es un escudo eficaz al 100% contra la pobreza. Con la inflación subyacente —la que ha echado raíces en la cesta de la compra al no tener en cuenta los alimentos frescos y los precios de la energía, que son más volátiles— en el 7,5%, en su nivel más elevado desde noviembre de 1986, el año en que se implantó el Iva con el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, hoy son muchos los que hacen ingeniería financiera para llegar con su nómina a fin de mes.
Según los datos de Eurostat, el 10,9% de los trabajadores con un contrato a tiempo completo estaba en riesgo de pobreza en España en 2021. En toda la UE, solo Rumanía (12,5%) y Luxemburgo (11,8%) presentaban cotas más elevadas. Aunque España nunca estuvo bien posicionada, en 2006, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, la tasa era algo inferior, del 9,7%. No fue hasta 2012 cuando tocó su nivel más contenido, del 8,7%. Entre quienes tenían en 2021 un contrato de menos de ocho horas el riesgo de pobreza se disparó hasta el 21,4% en el caso español, a distancia del 11,5% de Alemania o del 11,6% de la vecina Francia.
Pero, ¿qué se entiende por riesgo de pobreza? La oficina comunitaria de estadística lo define como vivir en un hogar cuya renta disponible no llega al 60% de la mediana de los ingresos por persona incluyendo transferencias sociales como las pensiones. Tomando como base los registros del Ine, en 2021, la renta mediana se situó en España en 15.892 euros, lo que ubicó el umbral de riesgo de pobreza por debajo de 9.526 euros en un hogar unipersonal.
El cuadro actual es consecuencia, en parte, del proceso de devaluación salarial del que España echó mano para salir de la crisis financiera que estalló en 2008 y que en 2012 culminó con el rescate bancario. Ese año el Ejecutivo de Rajoy aprobó la reforma laboral que, además de abaratar el despido, introdujo el descuelgue salarial para las empresas en dificultades, la primacía del convenio empresarial sobre los de ámbito superior y el fin de la ultraactividad de estos acuerdos, unos cambios que la reforma impulsada por Yolanda Díaz ha revertido en parte.
En la última década, el coste de la vida subió un 17%. A falta de los datos de 2022, el salario medio bruto creció un 12,8% entre 2012 y 2021, cuando alcanzó los 2.086,8 en 12 pagas, según la Epa. En Galicia, pese al aumento del 13,4%, la última referencia fue de 1.994,1 euros, inferior al promedio nacional. La estadística refrenda que los jóvenes son los más expuestos a la precariedad: el 27% de los menores de 40 años percibe menos de 1.335 euros brutos al mes, esto es, poco más de 1.100 euros netos.
En una comunidad en la que el precio medio de los alquileres supera los 500 euros en todas las urbes, excepto Ferrol, Lugo y Ourense, el mileurismo es un escudo pobre para procurarse un techo, pagar las facturas, comer y construir una familia.
En su última memoria de la situación socioeconómica, el Consejo Económico y Social (CES), que preside el catedrático vigués Antón Costas, avisa de que es necesario "crear buenos empleos, para más personas y en más lugares del país, especialmente en medianas y pequeñas ciudades y en el mundo rural" para combatir la desigualdad, que se acrecentó con el covid. Para ello, las pymes deben mejorar su productividad y hay que sumar más proyectos empresariales competitivos.
La ecuación es compleja visto que muchas pymes y autónomos siguen arrastrando las secuelas de la pandemia en sus cuentas.
