Opinión

Disculpen que insista

A PESAR DE todas las manifestaciones verbales, golpes de pecho, propósitos de enmienda, de instituciones y representantes políticos, la mejor noticia en torno a la jornada del ocho de marzo y la defensa de la igualdad de género la protagonizaron las mujeres que, durante un mes, han llevado a cabo una huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid.

Llenas de coraje y solidaridad hacia las víctimas de la violencia machista, han conseguido que veinticinco de sus propuestas para un pacto de Estado sean aceptadas en la subcomisión del Congreso que estudia la materia. Que, ese es otro detalle: mientras las cifras de asesinadas por sus parejas y ex parejas crece desde el primero de enero de forma trágica, no existe procedimiento de urgencia para atajar esta lacra. De la subcomisión saldrá un texto, que deberá ser consensuado, pasará a comisión, de ahí a pleno, saltó al Senado y vuelta al Congreso. ¿Cuántas mujeres habrán perdido la vida en el itinere? ¿Cuantas con la condición de riesgo extremo seguirán sin protección y sintiendo el aliento de su asesino en la nuca cada vez que pisen la calle? Tampoco hay ninguna iniciativa urgente para proteger a los hijos de las víctimas, para cambiar la Ley del Menor, para evitar que el maltratador, el presunto asesino, tenga derecho de visita. Y eso que sus señorías han tenido que escuchar esta semana la narración de la inoperancia de la Ley contra la Violencia de Género. Una serie de testimonios atroces de familiares de asesinadas han relatado, en sede parlamentaria, su impotencia frente a una jurisdicción que no ampara a niños y niñas que han visto asesinar a sus madres. La historia de un joven que ha acogido a la hija de su hermana, asesinada por su pareja, y las trabas legales para adoptarla y salvarla de cualquier contacto con su progenitor asesino, provocó un silencio vergonzante entre los legisladores, pero nada más. 

Las cifras bailan (y de seguir con esta violencia desatada este año se romperán todas las estadísticas) pero en torno a cuarenta criaturas se quedan sin madre por culpa de un asesino. Sumando desde 2004, cuando entró en vigor la ley, son casi quinientos. Les queda una ínfima pensión de orfandad, carencia de ayudas sociales, de becas, de tratamientos sicológicos para reescribir su vida. 

¿De verdad podemos mirarnos a la cara, sin rubor, sin complejos, mientras consentimos esta lacra social?. ¿Podemos describirnos como una sociedad moderna y democrática mientras se registran asesinatos medievales cada día? El manoseado Pacto de Estado contra la Violencia de Género (que nombre más rimbombante para una realidad tan sucia) no puede dormir el sueño de los justos. Si las fuerzas políticas no son capaces de ponerse de acuerdo en un tema tan elemental, tan sin aristas, tan fácil de vender, es que no sirven para la función que les han encomendado los ciudadanos.

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