ESTE LUNES comienza, por fin, el juicio por el caso Nóos, que va a sentar en el banquillo a una Infanta de España y a su marido, Iñaki Urdangarín. Curiosamente, la sala está presidida por un retrato de su hermano en uniforme militar con el que Cristina de Borbón mantuvo, de jóvenes, una relación de ternura y complicidad especial.
Dice su abogado que la presencia de un miembro de la familia del Rey en la sala es una muestra de que la Justicia es igual para todos. Pero no todos los españoles tienen un fiscal como Horrach que ha empleado su conocimiento jurídico en exculparla y evitarle el trance de sentarse en una esquina de los bancos de acusados en la Audiencia de Palma.
Su presencia puede ser efímera si se acepta la petición de su abogado de que se le aplique la doctrina Botín; una extraña doctrina que consiste en que no se puede juzgar a un acusado solo por la denuncia de una acusación particular, no perjudicada en la causa, y cuando el abogado del Estado y el fiscal no presentan cargos.
Pero, la acusación es de fraude fiscal y por tanto los perjudicados son los ciudadanos que pagan sus impuestos, y deberían ser el fiscal y el abogado del Estado los defensores de las arcas públicas. Eso es lo más llamativo y lo que pone en solfa la proclamada igualdad ante la ley.
Pero estos vericuetos procesales no pueden hacer olvidar la gravedad de los delitos de los que se els acusan, que podrían acarrear una larga pena de prisión para su marido, su socio, y el ex presidente balear Jaume Matas, que contribuyó a enriquecer a la pareja concediendo contratos de eventos que, en ocasiones, no llegaron ni a realizarse.
En un alarde de generosidad de última hora, y a menos de dos días para que comience la vista oral, Jaume Matas ha ofrecido a la Audiencia Provincial de Baleares el palacete que se compró en el centro de Palma para reparar el daño causado por el caso Nóos, donde se desviaron dos millones trescientos mil euros de dinero público.
Se da la circunstancia de que la Fiscalía Anticorrupción le había fijado una fianza de tres millones de euros, por lo que el valor del palacete no cubriría ni la totalidad de la fianza. Tantos años después, el ex presidente del PP de Baleares sigue creyendo que puede engañar a la gente con presuntas generosidades de última hora. Tiempo va a tener de meditarlo si las jueces del caso, tres magistradas, aceptan la petición fiscal de once años de cárcel.
Mientras tanto, Diego Torres, ex socio de Urdangarin, que ha basado toda su estrategia de defensa en intentar implicar en la trama a la Casa Real, que ha filtrado decenas de correos comprometidos para el yerno del Rey Juan Carlos, insiste en que los negocios de ambos recibieron el parabién de Zarzuela y que todos conocían sus actividades. Como si ese dato fuera un salvoconducto para quedarse con el dinero de todos.
Estemos atentos porque van a salir a relucir cosas muy interesantes.
