LAS PALABRAS, y los conceptos que transmiten, nunca son inocentes. El 28 de agosto me atropelló un automóvil en un paso de peatones, razón por la que aún estoy convaleciente y por la cual pasé por críticos, por la Uci, estuve en la planta de traumatología, he paseado por rehabilitación, endocrinología, radiología, atención primaria, enfermería a domicilio, me trajeron y llevaron en ambulancias al Clínico de Santiago… Esta epopeya contra la desventura, sumada al tiempo que pasé internado por el covid-19, al inicio de la pandemia, me han permitido observar y valorar en propia carne el bien hacer de nuestra sanidad pública y las sombras del beneficio en la gestión que la condicionan.
Bien y beneficio son dos palabras-conceptos que provienen de la misma raíz latina: bene (bueno). Hacer el bien curando o aliviando el dolor es el objetivo principal de la medicina. Beneficio es una palabra compuesta por bene, más facere (hacer) a la que se le agrega el sufijo icio (relación de propiedad). Procurar el bien hacer propio —beneficio— es el fin principal de todo tipo de empresa. Así, si consideramos que el bien terapéutico y el beneficio empresarial juegan dos papeles indisociables en la organización de nuestra medicina pública, hay que vivirla desde dentro, tanto como persona trabajadora o como paciente de largo recorrido, para comprender las razones de gestión e ideología política de la que nos quejamos con harta frecuencia.
El personal sanitario, lleven el color que lleven en sus indumentarias, actúa en nuestra sanidad pública con una profesionalidad y dedicación extraordinarias —habrá excepciones—, como han demostrado en todo el proceso de la pandemia, que aún nos maltrata. Y también como lo hacen en el día a día cotidiano con todo tipo de pacientes, sin distinción de edad, clase o creencias. No llega esta columna para mostrar mi admiración, agradecimiento y hasta afectos por cuanto he observado más allá de las atenciones tenidas conmigo. Estamos, sin duda, ante sacerdotes y sacerdotisas de una profesión que persigue el bien.
Sin embargo el trabajo sanitario actúa condicionado —en buena lógica— por la administración de la empresa. Por tanto, se trata de una organización que no siempre camina pareja con la función del bien y actúa en base a criterios de beneficios, ideológicos y económicos, de funciones presupuestarias y otros factores que han de tener su reflejo en el arqueo de resultados económicos y de sordos balances numéricos de presuntos logros sanitarias.
Y ahí es donde, desde la experiencia, nos preguntamos qué beneficios se persiguen con la permanente contratación indecente —por días, semanas o meses alternos— del personal. ¿Qué beneficios se persiguen manteniendo en precario la atención primaria, primera muralla contra todo tipo de males? ¿Qué beneficios se persiguen financiando el desvío hacia la sanidad privada —que también considero necesaria— de enfermos, mientras se mantienen deficiencias en especialidades como pediatría, ginecología, radiología, oftalmología, odontología…? ¿Qué beneficios se persiguen cerrando centros de probada eficacia para construir otros mastodónticos de concentración complicada? Estos y otros choques entre el bien y el beneficio sanitarios no son inocentes y resultan políticamente inaceptables en una sociedad que persigue la sanidad pública universal, consagrada en los artículos 41 y 43 de la Constitución. Tomen nota.
