Opinión

Más acá del destierro

SE HA cumplido un año de la marcha al exilio voluntario y dorado de Juan Carlos I. La pandemia y otros tropiezos nos han mantenido distraídos y asuntos más perentorios han impedido revisar la situación de la monarquía española tras el descalabro del restaurador. Con el destierro del emérito se ha cumplido una predestinación familiar, que debiera ser oportunamente propicia para revisar las funciones y el funcionamiento de la Casa Real, pero que ningún estamento parece dispuesto a abordar. Tanto la socialdemocracia como el conservadurismo entienden que lo más oportuno es dejar las cosas como están y cumplen alabando el buen sentido de Estado de Felipe VI. Nos repetimos en un deja vu, que huele a añejo e impropio para este siglo.

Quizás siga sin llegar el momento de plantear el dilema entre monarquía o república. Quizás, aceptando el argumento de Olof Palme, resulte "más barata la monarquía parlamentaria" que una república electiva. Quizás el republicanismo esté adormecido por otras confrontaciones políticas evidentes… Pero nada de eso debiera impedir abordar los anacronismos que acompañan a la presencia de la Casa de Borbón en la cúpula del Estado. El mal uso que Juan Carlos I ha hecho de los privilegios, otorgados por la Constitución de 1978, debiera ser suficiente para evitar que la buena voluntad de su hijo se rompa a la vuelta de cualquier esquina, en la que le ofrezcan una sustanciosa comisión económica.

El país entero estuvo dispuesto a condescender y divertirse con el borboneo faldero del monarca; miles de republicanos aceptamos ser juancarlistas en agradecimiento a su defensa de la democracia. Pero nadie, por debajo de la corte real, imaginó que los amores del Rey estuvieran ligados a pingües negocios fraudulentos y a posibles prevaricaciones. Y, además, el que otras ramas de la familia también estuvieran igualmente contaminadas. ¿Por qué se llegó a esta situación?

La respuesta principal está en el Título II de la Constitución. Su redacción y contenidos son más propios de un tradicionalismo absolutista que de normas adecuadas para regir una sociedad moderna, libre y democrática. En el artículo 56.3 se dice que el Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Según el artículo 64, suyos serán los méritos, de quienes refrenden sus actos serán las culpas. ¿Cómo pudimos aprobar semejante aberración legislativa?

El artículo 57 confirma el machismo tradicional de la Ley Sálica, introducida en España por la casa de Borbón, que impide reinar a las mujeres. Fue derogada en 1830, pero nuestra Constitución ha vuelto a instaurarla de facto. La prueba evidente está en la sucesión de Felipe por encima de sus hermanas mayores. Así, una vez más, se quiebra la línea sucesoria iniciada por Felipe V, el rey rana, en 1700. Sin embargo la princesa Leonor sí podrá reinar sin problemas al no tener un hermano, excepto –¡claro está! si, como dice la Constitución, contrajera matrimonio sin el permiso paterno.

Y como las casas reales españolas han estado plagadas de reyes bobos, inútiles e impotentes, de reinas especuladoras, de libidinosos juegos de alcobas por parte de ambos sexos… en un alarde de previsión la Constitución del 87, artículo 57.3, nos dice que, caso de extinguirse la estirpe de los Borbones, las Cortes Generales proveerán la sucesión a la Corona que más convenga a los intereses de España. Calcado del siglo XIX. Ningún punto prevé la existencia de un Rey felón o prevaricador, ninguno la exigencia de transparencia de la Casa Real, ninguno qué hacer con un monarca autoexiliado. La monarquía actual es un claro defecto sin corregir de la Constitución del 87.

Comentarios