Opinión

Poco, tarde y mal

"La situación vivida en las residencias de mayores durante la epidemia de COVID-19 en España nunca debería volver a ocurrir. Las lecciones aprendidas y las vidas perdidas deberían provocar un cambio profundo. El riesgo de que las personas mayores que viven en residencias vuelvan a resultar afectadas no ha remitido; hay que estar preparados, para reducir el sufrimiento y limitar al máximo la mortalidad". Las palabras antecedentes conforman el primer párrafo del demoledor informe Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante el Covid-19 en España presentado por Médicos Sin Fronteras el pasado martes 18 de agosto.

Según la ONG, la mortalidad excesiva -el 69,1% del total notificado de modo oficial por el Ministerio de Sanidad correspondería a las residencias de ancianos- indica la existencia de problemas estructurales y sistémicos en el modelo español de residencias de ancianos. Destaca el informe la necesidad de mejorar la atención médica de quienes viven en las mismas, sean centros públicos, privados o concertados. Entienden sus autores que el modelo de residencias de ancianos español guarda más similitud con un proveedor de servicios que atender a las necesidades sociales y sanitarias reales de las personas mayores. Ante esta situación, los centros mostraron un déficit estructural de recursos y ningún plan de contingencia. "Esta combinación hizo inviable responder a la epidemia. Al ser, como su propio nombre indica residencias, es decir hogares para mayores, no disponían de recursos sanitarios y asistenciales, lo que tuvo un impacto directo en la salud de los residentes", afirmó una de las responsables.

Algunos pasajes del informe, aunque su contenido es bien conocido por toda persona interesada y preocupada por el tema, no deja de llamar de modo fortísimo la atención. Uno de los principales es la titularidad de los centros. Indica el informe que "el sector de las residencias está cada vez más dominado por proveedores privados con ánimo de lucro. Según los últimos datos del CISC disponibles, en España hay 5.417 centros residenciales de mayores, con un total de 372.985 plazas. El 72,8% son de titularidad privada (271.579, cifra en la que se incluyen las 49.832 privadas sin ánimo de lucro; el resto son plazas de titularidad pública (un 27,2%, es decir 101.406). En términos de gestión de las plazas, el 84,8% de todas las plazas residenciales están gestionadas por empresas privadas". Las mismas, en algunos casos conforman potentes multinacionales, todo lo legales que se quiera, pero multinacionales, añade quien esto escribe.

No fue necesario esperar a octubre, como se pensaba, para la aparición de rebrotes del virus. Su actividad la estamos sufriendo todos los días. Ante esta desasosegante realidad es imprescindible la adopción por parte de las autoridades de medidas tendentes a impedir que el Covid-19 genere otro elevado número de muertos entre ancianos residentes. No pueden quedar abandonados de nuevo.