Torquemadas

P rimero dijeron que los jueces eran unos inmaduros. Después los señalaron en Las Cortes Generales con nombres y apellidos, calificándolos nada más y nada menos que de personajes indecentes y oscuros a los que había que cesar y hasta sentar en un banquillo. Los comunistas y los separatistas catalanes dirigidos por la nueva celtibérica Miriam Nogueras, apuntaron desde sus escaños a los magistrados Concepción Espejel, Carlos Lesmes, Pablo Llarena y Carmen Lamela y los pusieron alegremente en la picota con el silencio cómplice de la presidente del Congreso, Francina Armengol, y del durmiente portavoz del grupo socialista señor López, don Pachi. Y, ahora, nos encontramos con que doña María Jesús Montero, vicepresidente del gobierno de España, se arrancó por soleá tildando de vergüenza la sentencia que absolvió al futbolista Dani Alves y señalando, además, que la misma es un retroceso en los derechos de las mujeres. Y se quedó tan pancha, después de poner en el disparadero a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, además, dictaron la resolución del asunto por unanimidad de los cuatro magistrados. Cuatro jueces, de los cuales tres son mujeres y dos de ellas, dicen, del ámbito judicial progresista. Pero a la vicepresidente le importa una higa. Ella no sabe que es la presunción de inocencia, ni conoce las leyes procesales, ni los derechos que asisten a los ciudadanos y cuanto más las garantías de los justiciables. No sabe nada ni nada le importa. Ella con la bata de cola y el rebujito. Mientras, esta España se va por el sumidero. Ya pueden decir lo que quieran los burócratas europeos y la amiga de Pedro Sánchez, la señora doña Úrsula von Torquemadas der Leyen, o la prensa de palma y pandereta, que es claro y palmario que esta vieja nación va camino de ser, si no lo es ya, un país bananero. Una vieja y rota nación que ve con indolencia y hartazgo pasivo, desde hace muchos años, la colonización de sus principales instituciones por los partidos políticos que designan, alegremente y para aliviar las listas del paro, a personas hueras de conocimientos y de nula preparación para gestionar el poder que le confiamos los ciudadanos en las urnas. Y es que solo en un país bananero puede subir a la tribuna de oradores de su parlamento una diputada como Miriam Nogueras, que desconoce lo que es un Estado de Derecho y los principios más elementales de una democracia, para blandir su dedito acusador contra la independencia judicial. Pero mucho más grave es aún que una vicepresidente del gobierno de España siga sus pasos y anuncie a bombo y platillo que la presunción de inocencia solo vale para los suyos o cuando le interesa al gobierno. Es inconcebible e intolerable. Es la vuelta al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, aunque por ahora sin música, desfiles a caballo, pendones, hermosos vestidos, sambenitos, cirios y un enorme escenario con gradas para que la gente contemple el espectáculo. Un pandemónium donde se condene al que interese en el momento, sin pruebas ni evidencias y aunque los hechos objetivos digan lo contrario. La neoinquisición celtibérica y, claro está, comunista de siempre. Nada nuevo bajo el sol.