Incomodidad con el jurado
RESULTA QUE la esposa del jefe del Gobierno y los concernidos en la investigación penal de las actividades de la pintoresca catedra dirigida por ella, quieren evitar, si llega el momento, ser enjuiciados en un tribunal de jurado. Como si ello entrañara para ellos un posible perjuicio, o eso se desprende de su actitud.
Ya escribió Montesquieu que la Ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Y al parecer en algunos ámbitos, demasiados aún, y curiosamente también en el espacio de la izquierda política, no han asimilado plenamente tal propuesta que es consecuencia del principio de igualdad ante la Ley, en este caso en lo que se refi ere a la competencia.
Fui en 1995, como diputado, ponente de la Ley del Jurado en el Congreso. Tuvo la norma entonces una gran repercusión y el Gobierno, autor del proyecto de esta y la representación socialista en las Cortes la celebraron mucho, como si su aprobación constituyera un hito progresista y democrático en el ámbito de la justicia.
Finalmente el P.P. se abstuvo, y me correspondió a mi anunciarlo en la sesión plenaria en la que se aprobó el texto defi nitivo. Fue el 23 de febrero, vaya fecha pensé entonces, de 1995. Y dije entre otras cosas, que el Jurado que la norma introducía en nuestro ordenamiento jurídico, tenía mucho que ver con lo liberal y muy poco que ver con lo socialista, afi rmación de la que se ha hecho eco alguien en estos días. En el curso de los debates sostuve que el único modelo de jurado del socialismo entre nosotros fue el de los denominados jurados mixtos de la II República, de ingrata memoria para la mayoría. Me replicó el diputado Álvaro Cuesta, que acabó su vida pública como vocal del Consejo General del Poder Judicial, acusándome de haber participado como jurídico militar en Consejos de Guerra. Claro que sí, le respondí y también formé parte como secretario relator del Consejo Supremo de Justicia Militar que juzgó y condenó por rebelión a los autores de los hechos del 23 de febrero de 1981, defendiendo en el ámbito judicial el orden constitucional.
Entre otras enmiendas deducidas respecto del proyecto, defendí una suscitada por mí, examinado el derecho comparado entonces vigente, que proponía -que bien les vendría ahora a estos notables justiciables- reconocer a los imputados el derecho a optar entre enjuiciamiento por Jurado o por la Audiencia o el Juez competente. No se aprobó y le dedicaron muchas descalifi caciones. El tiempo pone a todos en su sitio, porque lo que deseábamos era en primer lugar que quienes fueran a ser juzgados eligieran el juicio que en su apreciación pudiera asegurarles las mayores garantías y en segundo término facilitar la aceptación popular del Jurado.
Los que se llenan la boca constantemente refi riéndose a todos y todas, venga o no a cuento, resulta que realmente confían más en los magistrados a los que un día si y otro también, cuando dictan una resolución que les incomoda, acusan de practicar lawfare.
Nuestro modelo de jurado es el anglosajón y se inspiró bastante en el norteamericano. En mi opinión, si se quiere que los ciudadanos participen en la justicia siendo participes del ejercicio de la potestad jurisdiccional, me parece mejor el modelo de tribunal escabinado del que formen parte jueces profesionales y ciudadanos que han adoptado países de nuestro entorno
En cualquier caso deberían recordar la señora Gómez y los demás justiciables que la acompañan en el proceso penal en el que está incursa, que según proclama el art. 117 de la Constitución, la justicia emana del pueblo. Cabría esperar que según su cartilla básica de la política, confi aran más en ese pueblo integrado por todos y todas, que en los magistrados que desde el estrado judicial hacen política de oposición según afi rman muchos de sus compañeros de fi las. Por cierto, a los integrantes es más fácil recusar a los miembros del Jurado que a los magistrados. Vivir para ver…