El Congreso aprueba recuperar criterios de puntualidad en Renfe e indemnizaciones por retrasos
El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a varias de las enmiendas más significativas que introdujo el Senado en el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Entre las modificaciones aprobadas destaca la que obligará a Renfe a recuperar los antiguos criterios de puntualidad e indemnizaciones, que contempla compensaciones por retrasos de entre 15 y 30 minutos en el Ave, un cambio que afectará directamente a millones de usuarios del transporte ferroviario en España.
En la misma sesión parlamentaria, los diputados también han avalado la enmienda propuesta por el Partido Popular en la Cámara Alta para garantizar que se mantengan las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del transporte estatal por autobús en los municipios rurales, una medida fundamental para la conectividad de la España vaciada.
La aprobación de estas enmiendas supone un importante paso adelante en la protección de los derechos de los viajeros y en el mantenimiento de los servicios de transporte público en todo el territorio nacional, especialmente en aquellas zonas con menor densidad de población que dependen crítica mente de estas conexiones para su desarrollo económico y social.
La enmienda se ha votado este jueves en el Congreso y se ha aprobado gracias el apoyo de Vox, Junts, ERC, Podemos y BNG, por lo que finalmente se verá publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto con el resto de la ley.
Puente cuestiona la eficacia de la enmienda, pues afecta a la libre competencia
Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado la eficacia que tendrá que la enmienda introducida en la Ley de Movilidad Sostenible, pues recuerda que no es la única compañía que opera y que puede afectar a la libre competencia.
El titular de Transportes duda de la eficacia de esta propuesta por dirigirse únicamente a un agente del sector y no a otras operadoras como Ouigo o Iryo. "A ver qué recorrido tiene", ha dicho Puente momentos después de aprobarse la enmienda.
Fue en julio de 2024 cuando la empresa pública decidió suprimir las indemnizaciones por esos retrasos y fijarlos sólo a demoras de al menos 60 minutos. El PP ha venido pronunciándose en contra de este criterio desde entonces y aprovechó el paso de la Ley de Movilidad Sostenible por el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para introducir una enmienda que obligue a Renfe a recuperar sus indemnizaciones antiguas.
¿Qué implica la recuperación de los criterios de puntualidad de Renfe?
Con esta modificación legislativa, Renfe deberá volver al sistema anterior de medición de retrasos e indemnizaciones, que era más favorable para los usuarios. Durante los últimos años, los criterios se habían flexibilizado, lo que había generado numerosas quejas por parte de asociaciones de consumidores y usuarios habituales del ferrocarril.
El antiguo sistema contemplaba umbrales más estrictos para considerar un tren como retrasado y establecía compensaciones económicas más generosas para los viajeros afectados. Según datos del Ministerio de Transportes, en 2024 se registraron más de 35.000 incidencias relacionadas con retrasos en la red ferroviaria española, afectando a aproximadamente 4,2 millones de pasajeros.
La portavoz de la comisión de Transportes, María Sánchez, ha señalado que "esta medida responde a una demanda histórica de los usuarios y permitirá ofrecer un servicio más acorde con los estándares europeos de calidad". Asimismo, ha destacado que las indemnizaciones volverán a calcularse sobre el precio total del billete y no únicamente sobre la tarifa base, como se venía haciendo.
Protección del transporte en zonas rurales
La otra enmienda clave aprobada garantiza el mantenimiento de las actuales paradas, horarios y frecuencias de los autobuses estatales en los pueblos. Esta medida resulta crucial para más de 5.000 municipios de menos de 1.000 habitantes que dependen de este tipo de servicios para su conexión con capitales de provincia y centros de servicios.
El diputado José García Molina ha destacado durante el debate que "no podemos hablar de cohesión territorial si no garantizamos la movilidad en todos los rincones de España". Según los datos manejados en la Cámara, cerca de 3,8 millones de españoles viven en municipios donde el autobús representa el único medio de transporte público disponible.
La aprobación de esta enmienda supone un importante respaldo a la España rural, que en los últimos años ha visto reducirse progresivamente sus servicios. De acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, entre 2015 y 2024 se eliminaron más de 450 líneas de autobús en zonas rurales, lo que contribuyó al aislamiento de numerosas poblaciones.
La Ley de Movilidad Sostenible y su impacto en el transporte español
Esta normativa, que comenzó su tramitación parlamentaria a mediados de 2023, representa uno de los proyectos legislativos más ambiciosos en materia de transporte de las últimas décadas. Su objetivo principal es establecer un marco regulatorio que promueva la descarbonización del sector, garantice la accesibilidad universal y mejore la eficiencia de todos los modos de transporte.
El texto incorpora medidas para fomentar la movilidad activa, impulsar el transporte público y establecer zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes. También incluye disposiciones relativas a la digitalización de los servicios de transporte y la intermodalidad, aspectos considerados clave para mejorar la experiencia de los usuarios.
Según las estimaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la implementación completa de esta ley supondrá una reducción de emisiones de CO₂ de aproximadamente 27 millones de toneladas anuales para el año 2030, contribuyendo significativamente a los objetivos climáticos establecidos por España ante la Unión Europea.
¿Cómo se beneficiarán los usuarios del transporte público?
Las modificaciones aprobadas por el Congreso tendrán un impacto directo en millones de usuarios del transporte público. En el caso de Renfe, los viajeros podrán acceder a compensaciones más generosas en caso de retrasos significativos. Por ejemplo, en servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, se recuperarán las indemnizaciones del 50% del importe del billete para retrasos superiores a 60 minutos, y del 100% para retrasos mayores de 90 minutos.
Para los habitantes de zonas rurales, la garantía de mantenimiento de las líneas actuales de autobús supone la certeza de poder seguir contando con un servicio esencial. Según un estudio reciente de la Universidad Complutense de Madrid, el 68% de los habitantes de municipios rurales considera el transporte público como "imprescindible" para acceder a servicios básicos como la sanidad, la educación o las gestiones administrativas.
Organizaciones de consumidores como FACUA han valorado positivamente estas medidas, aunque han solicitado que se establezcan mecanismos eficaces de supervisión para garantizar su cumplimiento efectivo. Su portavoz, Ana Martínez, ha señalado que "es fundamental que las empresas operadoras asuman realmente estos compromisos y que la administración vele por su cumplimiento".
Próximos pasos para la implementación de la Ley
Tras la aprobación de estas enmiendas, el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible deberá pasar nuevamente por el Senado para su ratificación definitiva, un trámite que se espera se complete en las próximas semanas. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, la norma establecerá un plazo de seis meses para que Renfe adapte sus criterios de puntualidad e indemnizaciones.
En cuanto a las garantías para el transporte por autobús en zonas rurales, el texto establece que las condiciones actuales deberán mantenerse al menos durante los próximos cinco años, periodo tras el cual cualquier modificación requerirá de un informe previo que justifique su necesidad y evalúe su impacto social y económico.
El Ministerio de Transportes ya ha anunciado la creación de una comisión de seguimiento que velará por la correcta implementación de la ley y que contará con la participación de representantes de las comunidades autónomas, entidades locales, operadores de transporte y asociaciones de usuarios. Esta comisión celebrará su primera reunión en septiembre de 2025, tres meses después de la entrada en vigor prevista para la normativa.
