Visto para sentencia el juicio contra el fiscal general por la presunta filtración contra González Amador
La defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado este jueves ante el Tribunal Supremo que el juicio por presunta revelación de secretos contra el alto funcionario se ha desarrollado en un "contexto mediático excepcional", generando lo que califican como "un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas" que habría perjudicado significativamente su derecho a la defensa. El juicio ha quedado visto para sentencia.
"Una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", ha subrayado de manera contundente el abogado del Estado José Ignacio Ocio al iniciar su informe final, con el que fundamenta la petición de absolución para García Ortiz. El fiscal general está acusado de filtrar un correo electrónico que contenía la admisión de dos delitos por parte de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En su intervención, Ocio ha hecho un llamamiento a la "serenidad, independencia y objetividad" que, según ha manifestado, deben guiar a los magistrados del Supremo a la hora de dictar sentencia en este controvertido caso que ha acaparado gran atención mediática durante los últimos meses.
Irregularidades en la investigación y registros cuestionados
Como ya intentó al inicio del proceso judicial, el abogado del Estado ha vuelto a solicitar la "nulidad" de los registros efectuados tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía Provincial de Madrid, cuyos informes resultan fundamentales para la acusación. Este requerimiento se basa en lo que la defensa considera irregularidades graves en el procedimiento de obtención de pruebas.
Según ha explicado Ocio, tras escuchar las declaraciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (Uco) de la Guardia Civil responsables de elaborar dichos informes, ha quedado patente que existió "una orden concreta" del magistrado instructor "que no fue cumplida" por los investigadores, ya que "se clonó y se copió sin cobertura legal" la información de diversos dispositivos electrónicos.
En palabras del letrado, "esa diligencia se ejecutó en unos términos no contemplados en el auto", puesto que los agentes realizaron una copia total de los dispositivos electrónicos y no una parcial limitada al marco temporal especificado por el instructor, que abarcaba del 8 de marzo al 30 de octubre de 2024. Esta actuación constituiría, en opinión de la defensa, una extralimitación que invalidaría las pruebas obtenidas.
Vulneración de derechos según la defensa
Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa es que no se ha llevado a cabo un expurgo adecuado de toda la documentación intervenida, la cual permanece bajo custodia del instructor. Esta situación supondría, según ha manifestado el abogado del Estado, una clara vulneración de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de garantías procesales.
La Abogacía del Estado también ha querido poner el foco sobre la conducta de González Amador y su entorno, sosteniendo que el novio de la presidenta madrileña "era perfectamente conocedor de las consecuencias reputacionales" que su caso fiscal podía ocasionar a Isabel Díaz Ayuso.
Según la versión de la defensa, tanto González Amador como el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, "idearon una estrategia comunicativa tendente a minimizar" el posible impacto que los problemas tributarios del primero pudieran tener en la imagen pública de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
