Parricidio en Murcia: un nuevo informe policial revela una "conducta reiterada de coacciones y amenazas"

Felipe Hernández, fallecido el pasado 19 de julio en Molina de Segura tras recibir una paliza de sus hijos, los denunció 10 veces sin obtener protección
Exterior del negocio Tejidos Hernández, donde se produjeron los hechos. GSV
Exterior del negocio Tejidos Hernández, donde se produjeron los hechos. GSV

La Policía Nacional ha reconocido un grave fallo en el sistema judicial español que no protegió adecuadamente a Felipe Hernández Medina, comerciante de 65 años fallecido en Molina de Segura tras recibir una paliza de sus hijos. Según revela un atestado policial al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL, el difunto presentó hasta 10 denuncias contra sus cuatro vástagos desde 2014, sin que se adoptaran medidas eficaces para su protección.

El documento policial señala claramente que "se constata que la conducta reiterada de coacciones, amenazas y presión psicológica por parte de los hijos, especialmente de Felipe y Rosario, creó un clima de hostilidad que fue advertido judicialmente desde el año 2014, sin que se adoptaran medidas eficaces de protección para el progenitor". Los investigadores apuntan además "como móvil principal del homicidio, la intención de los detenidos de resolver de forma violenta el conflicto hereditario y de posesión sobre el patrimonio familiar".

La Brigada Local de Policía Judicial considera en su informe que existen elementos suficientes para calificar los hechos como homicidio agravado, con dolo eventual. Sin embargo, la magistrada Ana María Cambronero ha dejado en libertad a Felipe junior, después de 52 días en prisión, permitiéndole incorporarse a un curso selectivo del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, oposición que aprobó antes de su detención.

Un conflicto familiar con trasfondo económico

La investigación policial ha determinado que el origen del fatal desenlace se encuentra en las disputas por el control del patrimonio familiar, canalizado a través de la sociedad limitada Jopichusa. Los agentes señalan que "se estima que el móvil del homicidio está vinculado a razones económicas, patrimoniales y familiares, derivadas de un conflicto larvado en el seno familiar por el control de bienes, y catalizado por una profunda ruptura de la relación entre padre e hijos".

La agresión mortal ocurrió el sábado 19 de julio de 2025, cuando Felipe Hernández Ramos (1990) y su hermana Rosario (1996) visitaron a su padre en su tienda Tejidos Hernández, ubicada en el centro de Molina de Segura. Las cámaras de seguridad que el comerciante había instalado por temor a sus hijos grabaron el incidente, donde se escucha claramente cómo ambos hermanos le increpan mientras Felipe junior le propina hasta ocho puñetazos dirigidos a zonas vitales como la cabeza y el torso.

Durante la agresión, además de los golpes, los hermanos mencionaron explícitamente las plazas de garaje, objeto de disputa en el conflicto patrimonial. Según se escucha en la grabación: "Y los parking que nos los dejes libres", exigía Rosario mientras su hermano golpeaba al padre.

La causa de la muerte y sus implicaciones legales

Aunque el informe preliminar del médico forense indica que Felipe Hernández Medina falleció por un infarto agudo de miocardio en el contexto de una cardiopatía previa, los investigadores subrayan que este hecho no resta gravedad a la conducta de los hijos, especialmente considerando que conocían la afección cardíaca de su padre. El atestado hace hincapié en que "dicha patología era conocida por los autores, lo que incrementa la previsibilidad del resultado fatal".

La Policía Judicial destaca particularmente la condición de médico de familia de Rosario, quien según el código deontológico médico estaba obligada a prestar auxilio a su padre. Sin embargo, durante la agresión, se limitó a vigilar que ningún cliente entrara en la tienda mientras su hermano propinaba los golpes.

"En su conjunto, derivado de la praxis policial, y a juicio de esta Instrucción, estos elementos no parecen concluir que la conducta investigada obedeciera a una mera reacción impulsiva, sino a una acción consciente y deliberada, prolongada en el tiempo por rencillas anteriores, ejecutada con pleno conocimiento de la especial vulnerabilidad de la víctima", señala el documento policial.

Reacciones ante la puesta en libertad

La familia del difunto Felipe ha manifestado su indignación por la puesta en libertad del presunto parricida. Su abogado, Eduardo Muñoz Simó, ya prepara un recurso que presentará en los próximos días ante la Audiencia Provincial de Murcia para solicitar que Felipe junior regrese a prisión hasta el juicio.

"Hay un plan ideado previamente por los hijos para quitarle a su padre el bajo donde tenía su negocio y las plazas de garaje, como así lo pone de manifiesto el atestado ampliatorio de la Policía Nacional. Hay pruebas más que suficientes para juzgar a Felipe por un homicidio doloso ante un jurado popular", ha declarado el letrado.

Muñoz Simó ha expresado su sorpresa ante el cambio de criterio de la juez: "Me sorprende este auto de libertad porque las circunstancias personales del investigado son las mismas que cuando la juez lo envió a prisión. Ya se sabía que tenía arraigo porque vivía en casa de su madre y que tenía que hacer un curso para incorporarse como inspector de Hacienda, pero lo que sí ha cambiado es que este nuevo informe policial agrava la horquilla de penas a las que se podría enfrentar, de 12 a 15 años, por el dolo eventual y la agravante de parentesco".

Otro elemento preocupante es que Toñi, la pareja sentimental con la que Felipe padre rehizo su vida, solicitó una orden de alejamiento de Felipe junior por miedo a sufrir represalias, aspecto que será incluido en el recurso que presentará la acusación particular.