El Supremo rechaza que Ábalos renuncie a su abogado antes de su comparecencia y aprecia "fraude de ley"
El exministro había solicitado al alto tribunal un letrado de oficio tras renunciar a los servicios de José Aníbal Álvarez por "diferencias irreconducibles". El magistrado Leopoldo Puente podría decretar prisión provisional para Ábalos tras su declaración de este miércoles
El juez Leopoldo Puente rechazó la renuncia de José Luis Ábalos a su abogado por considerar que se produce en "fraude de ley" y mantiene la comparecencia prevista para este miércoles, con el aviso de que tras ello celebrará una vistilla para revisar su situación de libertad.
El exministro había solicitado este martes un abogado de oficio al Tribunal Supremo para poder asistir a su declaración prevista para este miércoles tras haber renunciado a su anterior representante legal por lo que él mismo ha definido como "diferencias irreconducibles", generado incertidumbre sobre cómo se desarrollaría su comparecencia ante el magistrado.
El propio Leopoldo Puente, sin embargo, ha rechazado también esta pretensión y le ha respondido que su defensa será desarrollada en esta cita por el letrado José Aníbal Álvarez, a cuyos servicios renunció el lunes, salvo que el exministro designara a otro en su lugar que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa.
El riesgo al que se enfrenta Ábalos: ¿podría entrar ya en prisión?
Puente mantiene así la declaración de Ábalos y le avisa de que tras la comparecencia celebrará una vistilla para revisar sus medidas cautelares. Ahora mismo tiene impuestas retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado.
De esta forma, Ábalos se juega entrar en prisión, algo que ya solicitaron las acusaciones populares la última vez y que la Fiscalía valorará en función de cómo transcurra la cita y las explicaciones del exministro, que puede acogerse a su derecho a no declarar, algo que según fuentes jurídicas consultadas por Efe no es nada recomendable partiendo que el juez revisará las cautelares. De momento, algunas acusaciones avanzan que pedirán prisión.
La renuncia al abogado José Aníbal Álvarez
Ábalos había manifestado este martes, a través de un comunicado, su petición de un abogado de oficio y su disposición a cumplir con la citación judicial pese a las circunstancias. "Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana, día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana", manifestó en un mensaje publicado en la red social X.
Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en…
— José Luis Ábalos (@abalosmeco) October 14, 2025
Según pudo confirmar la agencia Efe, el exministro remitió un escrito formal al alto tribunal solicitando que "se libre oficio al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a fin de que le sea designado, que le defienda en estas actuaciones, y le asista a la declaración acordada practicar". Este movimiento procesal, rechazado poco después por el Supremo, se produjo a apenas 24 horas de su cuarta declaración en el marco de la investigación que le afecta por los pagos en efectivo del PSOE.
Un cambio de estrategia de última hora
Previamente a esta petición, Ábalos anunció el lunes la renuncia a su abogado, justificando esta decisión en "diferencias irreconducibles" que habrían provocado un "deterioro irreversible" en la relación profesional entre ambos. Lo llamativo de esta situación es que, al comunicar la renuncia, Ábalos no informó sobre quién sería su nuevo representante legal ni solicitó aplazamiento alguno, llegando incluso a afirmar que estaba preparándose para la citación "por sí solo".
Fuentes jurídicas consultadas por distintos medios de comunicación han señalado que esta maniobra podría interpretarse como un intento de dilatar el procedimiento, especialmente teniendo en cuenta que, según el propio Ábalos, las desavenencias con su letrado venían de tiempo atrás, pero la formalización de la renuncia se ha producido justo antes de una citación crucial.
Una situación judicial cada vez más complicada
La comparecencia prevista para este miércoles supone la cuarta ocasión en que Ábalos es llamado a declarar ante el magistrado Leopoldo Puente. En esta ocasión, el exministro deberá responder sobre el último informe elaborado por la Uco de la Guardia Civil, que ha detectado gastos por valor de 95.437 euros que provendrían de "ingresos no declarados", así como pagos en efectivo realizados por el PSOE que presentarían inconsistencias respecto a la documentación que el partido remitió al Tribunal Supremo.
La situación procesal del exministro se ha visto potencialmente agravada a la luz de este informe, que según considera el magistrado instructor, profundiza en "los indicios de criminalidad que ya constaban" en el procedimiento. El juez Puente ha manifestado sus sospechas de que tanto Ábalos como Koldo García –que deberá declarar el jueves– podrían haber mantenido entre sí "métodos no trasparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".
Cabe recordar que en la anterior declaración de Ábalos, las acusaciones ya solicitaron prisión provisional para él, y la Fiscalía ha anunciado que esperará a conocer el desarrollo de la nueva comparecencia y las explicaciones que pueda ofrecer el exministro antes de tomar una posición. No se descarta que, dadas las circunstancias excepcionales de la designación de un abogado de oficio a última hora, Ábalos pudiera acogerse a su derecho a no declarar, a pesar de la amenaza de una posible entrada en prisión preventiva.

